MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC1169-2026
Radicación n.º 11001-31-03-028-2018-00639-02
(aprobado en sesión de trece de agosto de dos mil veintiséis)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026).
Se resuelve el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – Seguros Confianza S.A. contra la sentencia de 14 de febrero de 2024, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
ANTECEDENTES
Pretensiones.
En la reforma de su demand2018-00639 ACUADERNO 1 TOMO II.pdf, Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (en adelante, FDN) solicitó, en lo pertinente, declarar el incumplimiento del contrato n.º 69 de 2013 por parte de THX Energy Sucursal Colombia y condenar a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – Seguros Confianza S.A. (en adelante, Confianza) al pago de $17.413.454.025,20, junto con los intereses corrientes causados desde la presentación de las reclamaciones hasta el pago total.
Fundamento fáctico.
En desarrollo del Convenio Interadministrativo ANH-FDN 01 de 2007, celebrado entre la convocante y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, aquella suscribió con THX Energy Sucursal Colombia el mencionado contrato n.° 69 de 2013, cuyo objeto inicial consistió en la perforación de un pozo estratigráfico profundo (ANH-PLATO-1-X-P) en la cuenca Valle Inferior del Magdalena, «con recuperación de muestras y toma de registros técnicos».
El valor pactado, inicialmente de $136.467.845.326, se amplió hasta $186.754.067.126. Como mecanismo de financiación del proyecto, la contratante entregó a la contratista un anticipo de $40.016.958.433,58, sujeto al plan de inversión y a la legalización progresiva mediante facturas y soportes verificables por la interventoría. Para amparar las obligaciones del contratista, THX Energy Sucursal Colombia constituyó la Póliza de Seguro de Cumplimiento n.° CU066803, otorgada por Confianza, cuyo amparo de cumplimiento alcanzó, tras varias ampliaciones, la suma asegurada de $18.675.406.712,61.
Durante la ejecución del contrato, la interventoría –que ejercieron alternativamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos y HGA S.A.S.–, formuló diversas observaciones sobre el manejo del anticipo y sobre la ejecución de las prestaciones a cargo de la contratista. En cuanto al anticipo, manifestó la convocante que la factura n.° 61, expedida por Bed & Food Services S.A.S. por servicios de catering, en cuantía de $1.327.012.160, superaba el promedio mensual previamente acreditado y comprendía periodos ya legalizados en facturas anteriores; que el anticipo entregado a Sahara Oilfield Services S.A.S. en el subcontrato de corazonamiento, por $369.744.047, no fue restituido ni legalizado tras el ajuste posterior; y que los soportes correspondientes al manejo restante del anticipo no se aportaron, pese a los requerimientos de la interventoría.
En punto de la ejecución del proyecto, la actividad de corazonamiento originalmente pactada no se adelantó. El segundo otrosí la sustituyó por análisis bioestratigráficos y químicos, conviniéndose expresamente la obligación de la contratista de reintegrar el valor del corazonamiento no ejecutado y autorizándose su descuento de cualquier suma adeudada. El tercer otrosí amplió el objeto incorporando la perforación adicional hasta 23.000 pies. El cuarto extendió el plazo del contrato hasta el 30 de mayo de 2015. Según la convocante, a la fecha del vencimiento no se entregaron los estudios bioestratigráficos ni los registros comprometidos.
Una vez surtido el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el 19 de agosto de 2015 FDN declaró el incumplimiento de la contratista y le ordenó (i) reintegrar $1.696.793.825, a título de anticipo no legalizado; (ii) $12.849.841.247,01 por concepto de productos no entregados –discriminados así: $10.587.194.268,34, que corresponden a «930 pies de núcleos o corazones», y $2.262.646.978,67, a «registros de pozo eléctricos no tomados»–; y (iii) $2.866.818.953,19 por los perjuicios derivados de no haber obtenido los productos esperados del contrato.
La convocante adujo que THX Energy Sucursal Colombia no satisfizo dichas obligaciones, pues se hallaba en proceso de liquidación judicial. Por esa razón, el 9 de noviembre de 2016 presentó reclamación ante la aseguradora, que fue objetada el 9 de diciembre siguiente.
Una segunda reclamación, radicada el 17 de mayo de 2017, corrió la misma suerte –según comunicación del 9 de junio del mismo año–. A juicio de la demandante, ambas objeciones resultan infundadas, pues la solicitud se encontraba apoyada en el acto administrativo que declaró el incumplimiento y en los soportes que lo respaldan, de modo que tanto la ocurrencia del siniestro como su cuantía se hallaban cabalmente acreditados.
Trámite procesal.
Notificada del auto admisorio de la demanda, la aseguradora planteó las excepciones de «prescripción de cualquier derecho derivado del contrato de seguro»; «modificación del estado del riesgo no notificada conforme al artículo 1060 del Código de Comercio»; «ausencia de cobertura respecto del reintegro de productos no entregados»; «inexistencia del siniestro relativo al amparo de anticipo»; «inexistencia del siniestro respecto de las obligaciones de obtención de estudios bioestratigráficos»; «incumplimiento del deber de mitigación»; «falta de (...) interés para obrar por la concurrencia del proceso de responsabilidad fiscal»; «imposibilidad de causación de intereses corrientes»; y, en lo que mayor proyección tiene para el recurso extraordinario, la denominada «la responsabilidad de la aseguradora se entiende hasta la suma máxima asegurada».
Por sentencia del 9 de junio de 2023, el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá declaró civil y contractualmente responsable a THX Energy Sucursal Colombia, desestimó las excepciones de mérito y, en virtud del contrato de seguro, condenó a Confianza al pago de $1.696.793.825 por el amparo de anticipo y de $13.454.013.221,53 por el amparo de cumplimiento, ambas sumas junto con los intereses moratorios causados a partir del 19 de septiembre de 2015.
Inconforme, la aseguradora demandada interpuso el recurso de apelación.
De manera paralela a este juicio, la Contraloría General de la República adelantó el proceso ordinario de responsabilidad fiscal n.° PRF-2017-00535_UCC-PRF-009-2017, originado en el hallazgo fiscal relacionado con la ejecución del contrato n.° 69 de 2013. Dicho trámite culminó, en grado de consulta, con el Auto ORD-801119-058-2020 de 18 de noviembre de 20206SolicitudPruebas.pdf, mediante el cual la Sala Fiscal y Sancionatoria revocó la decisión sin responsabilidad fiscal proferida por la Contraloría Delegada Intersectorial n.° 10.
El citado auto tomó como base un daño patrimonial sin indexar de $14.546.635.072, integrado por dos rubros: $12.849.841.247,01, correspondientes al valor de los productos no entregados o actividades no ejecutadas –en particular, la falta de entrega de 930 pies de núcleos o corazones y los registros eléctricos no tomados–; y, de otro, $1.696.793.825, por concepto de anticipo no amortizado. Actualizada esa suma, la Contraloría declaró al contratista fiscalmente responsable, en cuantía de $19.240.100.661,47.
En la misma providencia, al examinar la Póliza de Seguro de Cumplimiento n.° CU066803, la Sala Fiscal y Sancionatoria concluyó que amparaba, entre otros riesgos, el cumplimiento del contrato, el anticipo y la calidad del servicio. Por ello, declaró que Confianza, vinculada al trámite en calidad de tercero civilmente responsable –en los términos del artículo 44 de la Ley 610 de 2000–, debía sufragar el importe del daño, hasta concurrencia del valor asegurado.
En obedecimiento a dicha determinación, Confianza pagó $16.995.837.033,97 con cargo al amparo de cumplimiento de la Póliza n.° CU066803, y $2.244.263.627,50 con cargo al amparo de anticipo. Posteriormente, la aseguradora aportó al proceso civil copia del Auto DCC2-0143 de 10 de diciembre de 2021, mediante el cual la Dirección de Cobro Coactivo n.° 2 de la Contraloría decretó la terminación y archivo del proceso fiscal de cobro coactivo, por pago tota.
Mediante providencia de 30 de agosto de 20212AutoDecretaPruebas.pdf, el Tribunal dispuso tener como prueba la copia del citado Auto DCC2-0143 de 10 de diciembre de 2021, así como de las actuaciones que le precedieron.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó parcialmente el fallo de primera instancia y, en su lugar, condenó a Confianza a pagar a FDN la suma de $2.866.818.953,19, correspondiente a los perjuicios ocasionados por el incumplimiento en la obtención de los estudios bioestratigráficos, junto con «los intereses corrientes que sobre dicho valor se hubiere causado desde la presentación de la reclamación y hasta que se disponga el pago total de la misma».
Antes de ocuparse del fondo de la controversia, el ad quem examinó los reparos relacionados con la contestación de la reforma de la demanda, el llamamiento en garantía de THX y la prescripción. Reconoció que Confianza había contestado oportunamente la reforma, pero consideró que el desacierto del juzgado al concluir lo contrario carecía de incidencia, porque las excepciones propuestas fueron estudiadas y resueltas de fondo.
Para sustentar su decisión, el Tribunal atribuyó pleno valor probatorio al acta de liquidación del contrato y a los informes de interventoría; esto tras advertir que sus conclusiones no fueron desvirtuadas. Por esa vía, consideró demostrado el incumplimiento de THX, la indebida utilización de parte del anticipo y los perjuicios derivados de la inejecución contractual. Descartó, asimismo, que FDN hubiera contribuido a la producción del daño o desatendido su deber de mitigarlo, y negó la agravación del estado del riesgo, pues Confianza conoció los otrosíes al contrato y expidió los anexos con los que extendió la cobertura.
El eje de la decisión fue, sin embargo, determinar la incidencia del fallo de responsabilidad fiscal en la condena impuesta en este proceso. Con ese fin, el Tribunal distinguió los conceptos reconocidos en cada actuación. En el proceso fiscal se fijó un daño patrimonial histórico de $14.546.635.072, integrado por (i) $1.696.793.825 por el anticipo no amortizado; (ii) $10.587.194.268,34 por la no entrega de 930 pies de núcleos o corazones; y (iii) $2.262.646.978,67 por los registros eléctricos no tomados. Esa suma se actualizó hasta $19.240.100.661,47 y fue pagada por Confianza con cargo a la Póliza n.° CU066803.
La condena civil de primera instancia, por su parte, ascendió a $15.150.807.046,53 y comprendió: (i) $1.696.793.825 por el anticipo no amortizado; (ii) $10.587.194.268,34 por la no entrega de los núcleos o corazones; y (iii) $2.866.818.953,19 por la falta de obtención de los estudios bioestratigráficos. El juzgado no reconoció suma alguna por los registros eléctricos no tomados, pues no encontró que ese incumplimiento fuera imputable a THX.
De esa comparación el Tribunal dedujo que el anticipo no amortizado y la falta de entrega de los núcleos ya habían sido resarcidos en virtud del fallo fiscal. Aunque descartó la aplicación del non bis in ídem, por tratarse de procedimientos de distinta naturaleza, estimó que la finalidad reparadora de ambas actuaciones y el principio indemnizatorio propio de los seguros de daños impedían imponer a Confianza un segundo pago por los mismos detrimentos.
En consecuencia, eliminó de la condena civil los dos rubros coincidentes con el daño fiscal y mantuvo únicamente el correspondiente a los estudios bioestratigráficos no entregados, por valor de $2.866.818.953,19 –perjuicio que no había sido reconocido ni indemnizado en la actuación adelantada por la Contraloría–. Finalmente, modificó la condena accesoria, tras advertir que FDN había solicitado intereses corrientes, mientras que el juzgado concedió moratorios, en contravía del principio de congruencia.
DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar su impugnación extraordinaria Confianza formuló un único cargo, con apoyo en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso.
CARGO ÚNICO
La recurrente acusó la sentencia del Tribunal de violar indirectamente los artículos 1079, 1088 y 1089 del Código de Comercio, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la evidencia.
Sostuvo que el ad quem había pasado completamente por alto que el amparo de cumplimiento de la Póliza n.° CU066803 tenía un valor asegurado de $18.675.406.712,61, y que esa cobertura ya se había afectado en $16.995.837.033,97 con el pago de la condena fiscal del 18 de noviembre de 2020, desembolsada el 29 de diciembre siguiente. El remanente disponible ascendía, por tanto, a $1.679.569.678,64, cifra que no podía ser excedida por la condena civil; pese a ello, el Tribunal impuso una indemnización de $2.866.818.953,19, con la consiguiente superación del límite asegurado en $1.187.249.274,55.
Identificó como medios de prueba indebidamente apreciados, por cercenamiento, la propia Póliza n.° CU066803 y sus certificados de modificación de 3 de febrero de 2014, 12 de febrero, 24 de febrero y 13 de abril de 2015, donde figura el valor asegurado por cumplimiento; el auto del 18 de noviembre de 2020 de la Contraloría General de la República, que en grado de consulta declaró fiscalmente responsable a THX Energy Sucursal Colombia y dispuso la responsabilidad de la aseguradora hasta el monto del valor asegurado; el comprobante de pago de esa condena fiscal, y la certificación de la representante legal de Confianza, que discriminó la imputación al amparo de cumplimiento.
Argumentó que la trascendencia de los yerros es manifiesta, pues de haber apreciado en su verdadera dimensión los medios de prueba reseñados, el sentenciador habría limitado la condena al remanente disponible. Precisó, además, que la denuncia no constituye punto nuevo, pues durante las instancias propuso la excepción denominada «la responsabilidad de la aseguradora se entiende hasta la suma máxima asegurada», reiterada al sustentar el recurso de apelación y al solicitar aclaración y adición del fallo de segunda instancia.
Solicitó, en consecuencia, que se case parcialmente la sentencia recurrida y que, en su lugar, se reduzca la condena al límite de $1.679.569.678,64.
CONSIDERACIONES
Delimitación del recurso y problema jurídico.
El único cargo, fincado en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, denuncia la violación indirecta de los artículos 1079, 1088 y 1089 del Código de Comercio, como consecuencia del error de hecho en que habría incurrido el Tribunal al cercenar la Póliza de Seguro de Cumplimiento n.° CU066803 y sus certificados de modificación; el Auto ORD-801119-058-2020 de la Contraloría General de la República; el comprobante del pago de la condena fiscal, y la certificación rendida por la representante legal de la aseguradora.
De esos medios de convicción –argumenta la censura– emergía que el amparo de cumplimiento tenía un límite de $18.675.406.712,61, ya afectado en $16.995.837.033,97 con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal, de modo que la condena –que ascendió a $2.866.818.953,19–, impuesta con cargo al mismo amparo, terminó desbordando el remanente disponible en $1.187.249.274,55.
La recurrente, pues, no discute la existencia del incumplimiento contractual de THX Energy Sucursal Colombia, ni la cobertura general del amparo de cumplimiento, ni la cuantificación del rubro correspondiente a los estudios bioestratigráficos, ni la exclusión de los conceptos ya resarcidos en el proceso de responsabilidad fiscal que adelantó la Contraloría General de la República.
Tampoco controvierte la muy particular condena por «intereses corrientes» que el Tribunal impuso en reemplazo de los moratorios reconocidos en primera instancia. Su inconformidad se contrae, así, a una materia muy puntual: si tal condena podía imponerse sin confrontarla con el saldo disponible de la suma asegurada. De ese interrogante se ocupará la Sala en las líneas siguientes.
El límite del amparo y su reducción por el pago anterior.
En los seguros de daños el asegurador no asume ilimitadamente las consecuencias económicas del siniestro. Conforme al artículo 1079 del Código de Comercio, «no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada». Esta delimita cuantitativamente el riesgo asumido y fija el importe máximo de la prestación indemnizatoria, en correspondencia con la prima convenida; de ahí su carácter imperativo (art. 1162 ib.). La explicación de la regla es contractual y, a la vez, técnica, como lo destaca la doctrina:
«La suma asegurada es, además, límite máximo de la obligación del asegurador, en toda clase de seguros (...). Como límite máximo (...) es fácilmente explicable por la necesidad técnica de evaluar, en función de su responsabilidad potencial, la prima que debe encajar el asegurador como contraprestación del riesgo que asume en virtud del contrato. Ni esta, ni aquella pueden ser ilimitadas. Y han de guardar, entre ellas, una relación adecuada que consulte la magnitud económica de la eventual prestación a cargo del asegurador. De ahí el carácter imperativo del art. 1079 (...). Sin la suma asegurada como límite de su responsabilidad directa, ¿cómo podría racionalizarse la distribución vertical de los riesgos?.
La suma asegurada es, con todo, un techo y no el monto que deba reconocerse automáticamente ante la ocurrencia del siniestro. Como los seguros de daños son contratos de mera indemnización, que nunca pueden ser fuente de enriquecimiento para el asegurado, la prestación tampoco puede superar el valor real del interés asegurado ni el monto efectivo del perjuicio (arts. 1088 y 1089 ib.). Operan, entonces, dos límites de distinta naturaleza: (i) el daño probado, que fija la medida del detrimento resarcible, y (ii) la suma asegurada, que fija el tope de la obligación del asegurador. El primero no amplía el segundo: probar un perjuicio mayor que la cobertura no extiende el riesgo asumido por el asegurador, de modo que puede existir un daño cuya reparación exceda lo contratado. Ese exceso queda por fuera del seguro y lo debe soportar el asegurado o quien resulte jurídicamente obligado a repararlo.
Así lo ha precisado esta Corporación:
«Los seguros de daños (...) a pesar de estar reconocidos como de mera indemnización, no se rigen por el postulado de la reparación integral, sino por el principio de la autonomía privada, porque la obligación del asegurador no implica hacerse cargo de todas las consecuencias lesivas que el siniestro haya provocado, sino únicamente de aquéllas que estén previstas en el contrato de seguro o la ley, hasta concurrencia de la suma asegurada (artículo 1079 del Código de Comercio), y se hayan causado dentro del plazo convenido» (CSJ SC002-2018).
El artículo 1111 del mismo estatuto disciplina, a su turno, la manera en que ese límite opera cuando la cobertura ha sido afectada por pagos indemnizatorios. La suma asegurada «se entenderá reducida, desde el momento del siniestro, en el importe de la indemnización pagada por el asegurador». No se trata de un límite distinto del previsto en el artículo 1079, sino de su aplicación dinámica, pues mientras este último precepto fija el monto máximo inicialmente comprometido, aquel determina el saldo que permanece disponible a medida que se satisfacen prestaciones con cargo al amparo contratado.
Por consiguiente, salvo estipulación en contrario –pues la norma no figura entre las que el artículo 1162 sustrae a la autonomía de las partes–, cada indemnización pagada se imputa a la suma asegurada y reduce en igual cuantía la cobertura disponible. Consumido ese importe, se extingue la obligación indemnizatoria del asegurador respecto del riesgo amparado, aunque el perjuicio sufrido o la deuda a cargo del asegurado sean mayores, porque ese exceso ni amplía la cobertura contratada ni altera retrospectivamente la relación entre el riesgo asumido y la prima pagada.
De ello se sigue que, para establecer si una condena respeta el límite contractual, no basta con identificar la suma inicialmente asegurada; también es preciso determinar si fue afectada por indemnizaciones anteriores con cargo al mismo amparo y en qué cuantía, pues solo el saldo resultante –si no se pactó su reinstalación, se reitera– marca el máximo al que puede ser compelido el asegurador.
El error del Tribunal y su trascendencia.
Límite del amparo de cumplimiento.
Los elementos de juicio necesarios para efectuar la operación descrita en el numeral anterior constaban en el expediente y no fueron materia de disputa. Los certificados de modificación de la Póliza de Seguro de Cumplimiento n.° CU066803 individualizan cada cobertura con su respectivo valor: el expedido el 24 de febrero de 2015 elevó la suma asegurada por cumplimiento a $18.675.406.712,61, y el de 13 de abril siguiente la mantuvo en esa cuantía.
El Tribunal examinó la póliza. En el apartado 5 de su sentencia identificó al tomador, al beneficiario, los riesgos cubiertos y un valor asegurado de $105.380.881.927,70, cifra que correspondía al conjunto de los amparos, de modo que su mención no suplía la identificación del límite propio del amparo de cumplimiento. El fallo no extrajo de los certificados el dato del límite de cobertura, ni confrontó con él la condena, y tampoco desarrolló razonamiento alguno que descartara su eficacia, modificara su cuantía o autorizara trasladar al amparo de cumplimiento las sumas asignadas a otras coberturas. La omisión se verifica con el simple cotejo entre el contenido de esos documentos y la motivación de la providencia que puso fin a la segunda instancia.
La indemnización anterior imputada al mismo amparo.
La actuación fiscal y los documentos del pago permitían establecer, además, el componente de ese límite que había sido consumido. El auto ORD-801119-058-2020 cuantificó el detrimento causado por la contratista y dispuso que la aseguradora respondiera, en virtud de la póliza, «hasta el monto del valor asegurado y no afectado». El comprobante bancario de 29 de diciembre de 2020 acredita un desembolso global de $19.240.100.661,47, y la certificación suscrita por la representante legal de la aseguradora discriminó su aplicación, con indicación de que $16.995.837.033,97 se imputaron al amparo de cumplimiento.
Es pertinente resaltar que la fuerza demostrativa de esa imputación no descansa exclusivamente en la certificación de la propia aseguradora. El acto fiscal identificó el componente histórico correspondiente a los productos no entregados, por $12.849.841.247,01, y actualizó el detrimento mediante la relación entre los índices 105,23 y 79,56; aplicada esa misma operación a dicho componente, el resultado fue de $16.995.837.033,97.
Existe, por tanto, absoluta correspondencia entre el concepto reconocido en la decisión fiscal, la liquidación allí empleada, el desembolso demostrado y el pago que se certificó. La actora, por lo demás, no controvirtió la exactitud de dichas cifras, ni tampoco la imputación efectuada; al contrario, acepta esa cantidad y concentra su desacuerdo en el tratamiento jurídico del componente de actualización que contiene –cuestión que la Sala abordará más adelante–.
La lectura incompleta del Tribunal.
El ad quem tuvo a la vista los documentos reseñados y los valoró, pero solo parcialmente. En los apartados 4.5.3 y 4.5.4 de su sentencia comparó los rubros reconocidos en el proceso de responsabilidad fiscal con los reclamados en el juicio civil y, con apoyo en ellos, excluyó de la condena el anticipo no amortizado y la falta de entrega de los núcleos o corazones, para descartar la doble satisfacción de los conceptos comunes. Su examen se detuvo, sin embargo, en la identidad de los perjuicios; de la póliza extrajo cuáles conceptos estaban cubiertos, pero omitió el segmento que indicaba hasta qué importe específico lo estaban; del fallo fiscal derivó la coincidencia de rubros, pero no la afectación que el pago produjo sobre la cobertura ni el saldo que, con posterioridad a ese pago, permanecía disponible.
Es cierto que en el apartado 4.5.5 recordó que la aseguradora responde hasta concurrencia de la suma asegurada, pero esa referencia apenas permite delimitar con precisión el desacierto. El Tribunal reconoció la regla jurídica operante en este caso, pero dejó por fuera de su razonamiento los datos indispensables para aplicarla al caso.
Dicho de otro modo, el ad quem no sostuvo que el límite del amparo de cumplimiento fuera inaplicable, ni que el pago anterior careciera de efecto sobre él; simplemente impuso la condena por los estudios bioestratigráficos sin confrontarla con el saldo disponible del seguro de cumplimiento, con lo cual el resultado práctico fue el de un amparo sin límite cuantitativo, pese a que la aseguradora invocó ese límite desde la contestación –mediante la excepción que denominó «la responsabilidad de la aseguradora se entiende hasta la suma máxima asegurada»– y lo reiteró al sustentar la apelación.
Trascendencia del error.
La trascendencia del yerro se advierte sin dificultad, pues la confrontación omitida arroja el siguiente resultado:
| Concepto | Valor |
| Suma asegurada del amparo de cumplimiento | $18.675.406.712,61 |
| Pago anterior imputado al mismo amparo | $16.995.837.033,97 |
| Saldo disponible | $1.679.569.678,64 |
| Condena impuesta por el Tribunal | $2.866.818.953,19 |
| Exceso sobre la cobertura | $1.187.249.274,55 |
Añádase que no obra en el plenario ningún elemento de juicio que acredite el restablecimiento de la suma asegurada tras aquel desembolso, ni la expedición de un nuevo límite para el amparo afectad––. Antes bien, la cláusula décima de las condiciones generales de la póliza estipuló que la responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo se limita al valor fijado en la carátula o en los anexos expedidos con fundamento en ella, «de acuerdo con lo establecido en el artículo 1079 del Código de Comercio», y advirtió, en caracteres destacados, que el valor asegurado «no se restablecerá automáticamente en ningún caso2018-00639 CUADERNO 1 TOMO 1.pdf.
De haber apreciado cabalmente esos medios de convicción, el sentenciador de segunda instancia habría limitado la condena al saldo así establecido. La preterición parcial del certificado de modificación de la póliza y de la certificación del pago imputado al amparo de cumplimiento derivó, en consecuencia, en la infracción indirecta del artículo 1079 del Código de Comercio, entendido en armonía con la regla de reducción del artículo 1111 ibidem. La censura, por tanto, se abre paso.
La objeción de la réplica: la corrección monetaria incluida en el pago anterior.
No puede pasarse por alto que, al descorrer el traslado del recurso de casación, la actora sostuvo que el monto pagado por la aseguradora en el proceso de responsabilidad fiscal no debía descontarse íntegramente de la suma asegurada, porque incluía una indexación de $4.145.995.786,96 que no constituía un perjuicio adicional, sino la preservación del poder adquisitivo de la obligación. Desde esa perspectiva, argumentó que el amparo solo se habría consumido en el valor histórico del daño fiscal, $12.849.841.247,01, y subsistiría un remanente de $5.825.565.465,60, suficiente para soportar la totalidad de la condena impugnada.
Ese planteamiento, sin embargo, no puede acogerse, por las razones que siguen:
El objeto de la actualización dispuesta por la Contraloría General en sede fiscal.
La objeción descansa en una identificación equivocada del objeto sobre el cual recayó la corrección monetaria. La Contraloría General de la República no actualizó la prestación derivada del contrato de seguro, sino el daño patrimonial causado por la contratista. Estableció, primero, que la ejecución del contrato había ocasionado un detrimento de $14.546.635.072; enseguida expresó esa suma en valores de la fecha de la decisión, hasta alcanzar $19.240.100.661,47, cuantía por la cual declaró fiscalmente responsable a la contratista; y solo después dispuso que la aseguradora concurriera a la reparación «hasta el monto del valor asegurado y no afectado». Dentro de esa liquidación, los $12.849.841.247,01, que corresponden al amparo de cumplimiento, se actualizaron hasta $16.995.837.033,97, que fue la cantidad satisfecha con cargo a él.
Allí no se distinguió una obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora y otra prestación autónoma derivada de su propio incumplimiento o de su mora, que habría tenido título distinto. Su vinculación al pago tuvo como único fundamento la cobertura contratada, y la totalidad de lo desembolsado se satisfizo en cumplimiento de la obligación asegurada. El importe histórico y su actualización no representan, por tanto, perjuicios diversos ni prestaciones independientes, sino expresiones monetarias de un mismo detrimento referidas a épocas diferentes.
Su descomposición solamente tiene utilidad aritmética para reconstruir la liquidación, pero no divide jurídicamente su objeto ni convierte el segundo componente en un pago ajeno al seguro. Los $16.995.837.033,97 constituyeron una sola indemnización, produjeron un único efecto extintivo y ninguna porción de ellos respondió a un título diverso, sin que la réplica identifique obligación distinta a la cual se hubiera imputado ese componente.
La medida de la reducción.
En esos términos opera tanto la regla del artículo 1111 del Código de Comercio como lo pactado en la cláusula décima de las condiciones generales, que por igual atienden al importe de la indemnización pagada por el asegurador, y no al valor histórico que sirvió para calcularla. Descontar únicamente $12.849.841.247,01 supondría atribuir al mismo desembolso dos naturalezas incompatibles, pues se lo tendría por íntegramente resarcitorio para dar por reparado el daño fiscal, pero solo parcialmente indemnizatorio al medir el agotamiento del amparo. Los $4.145.995.786,96 restantes no podrían extinguir la obligación de la contratista sin consumir, al mismo tiempo, la cobertura con cargo a la cual fueron pagados.
Puede aceptarse, como sostiene la opositora, que la corrección monetaria preserva el poder adquisitivo y no representa un daño adicional. Pero esa caracterización conduce a la conclusión contraria a la que de ella se extrae; significaría que la actora no podía reclamar por separado el valor histórico y su actualización como daños acumulables, y no que pudiera recibir el importe actualizado y computar, al mismo tiempo, únicamente su expresión histórica para establecer cuánto del amparo se habría consumido.
La conclusión depende, en todo caso, de las características del pago acreditado en este proceso. No se funda en atribuir efecto reductor de la cobertura a cualquier desembolso que realice un asegurador, cualquiera que sea su causa, sino a una indemnización satisfecha en su integridad por razón del riesgo amparado.
Los precedentes invocados en la réplica.
Los pronunciamientos que la opositora cita sobre la función conservativa de la corrección monetaria respaldan su distinción respecto de la reparación de un daño adicional, premisa que la Sala no discute; pero no resuelven qué parte de una indemnización efectivamente pagada debe imputarse al límite del amparo. En particular, la sentencia CSJ SC, 18 may. 2005, rad. 0832-01, examinó la actualización de las cantidades que el asegurador reclama del tercero responsable en ejercicio de la subrogación del artículo 1096 del Código de Comercio. Su problema jurídico atañía al alcance del recobro, no a la reducción de la suma asegurada por una indemnización anterior, y su premisa –que la actualización no añade un valor distinto, sino que expresa el mismo en moneda corriente– es, antes que un apoyo, la misma que aquí conduce a computar el pago por su importe íntegro.
Las demás referencias doctrinales y jurisprudenciales que la réplica invoca sobre la actualización del propio valor asegurado atienden a un problema diverso del que ahora se decide. Con ellas se examina si la suma asegurada, pactada en una cantidad nominal, puede reajustarse para conservar su poder adquisitivo, esto es, si el límite del amparo admite corrección monetaria. Lo que la censura plantea es una cosa muy distinta, a saber, cuál es la magnitud que ha de descontarse de ese límite cuando el asegurador ya satisfizo una indemnización por razón del riesgo cubierto.
Ambos interrogantes pueden concurrir en un mismo litigio, pero se resuelven con fundamentos propios; el primero atiende al envilecimiento de la moneda y el segundo, al efecto que el artículo 1111 del Código de Comercio atribuye al pago. La respuesta a este no pende, por tanto, de la que reciba aquel. A lo anterior se suma que esa actualización de la suma asegurada no fue objeto del debate en las instancias –ni fundamentó el fallo impugnado–, según pasa a explicarse.
La actualización de la suma asegurada no integra el objeto de decisión.
La excepción de la aseguradora y su reiteración en la apelación pusieron en discusión el límite del amparo de cumplimiento y la incidencia sobre él del pago efectuado en sede fiscal; ese es el asunto sobre el cual recae la censura.
En ninguna de las instancias se planteó que la suma asegurada debiera actualizarse para determinar la responsabilidad de la aseguradora, y la sentencia impugnada no estableció un límite reajustado ni fundamentó la condena en una modificación del valor consignado en los certificados. La propia réplica calcula el remanente a partir de $18.675.406.712,61: su propuesta consiste en descontar de ese límite nominal solo el componente histórico del pago anterior, cuestión que acaba de examinarse.
No cabe, por ello, reconducir la oposición a una solicitud de corrección monetaria de la suma asegurada. Esa no fue la tesis de la demandante, no constituyó fundamento de la sentencia impugnada, y su examen exigiría definir presupuestos que no fueron alegados, probados ni sometidos a contradicción: la fecha inicial y final del reajuste, el índice aplicable, la fórmula de liquidación, la magnitud sobre la cual operaría –la suma originaria o el saldo disponible– y la incidencia que tendría sobre ella el pago efectuado en el proceso de responsabilidad fiscal.
Acogerla ahora comportaría resolver, por primera vez y sobre una base fáctica y económica ajena al debate, si el límite contractual debe ser sustituido por una magnitud reajustada y cómo incidiría esa modificación en una cobertura parcialmente consumida, sin que la aseguradora haya tenido oportunidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa. La casación no es escenario para introducir cuestiones ajenas al litigio precedente, con afectación del derecho de contradicción de la contraparte (Cfr. CSJ SC425-2024).
Delimitado así el asunto, tampoco corresponde definir si la suma asegurada es susceptible de corrección monetaria en hipótesis distintas de la examinada, ni formular una regla general sobre la actualización de prestaciones contractuales fijadas en cantidades nominales. Esa cuestión, de nuevo, no integró la controversia y su solución tampoco es necesaria para zanjarla, pues la reducción que aquí se aplica no obedece al envilecimiento de la moneda, sino al efecto que el artículo 1111 del Código de Comercio atribuye al pago.
Síntesis de la decisión.
El Tribunal impuso la condena sin incorporar a la premisa fáctica de su decisión los dos datos que consignaban los documentos preteridos: (i) la cuantía del límite del amparo de cumplimiento y (ii) la medida en que un pago anterior lo había afectado. Esa lectura incompleta de la póliza, de sus certificados de modificación y de los documentos del pago le impidió establecer el saldo disponible, que, reducida la suma asegurada en el importe íntegro de la indemnización satisfecha en sede fiscal, ascendía a $1.679.569.678,64. El yerro es trascendente, pues condujo a una condena que excedió ese saldo en $1.187.249.274,55.
La objeción de la demandante, encaminada a que solo el valor histórico del daño consumiera la cobertura, es infundada, porque el artículo 1111 del Código de Comercio atiende al importe efectivamente pagado y no a la magnitud que sirvió para calcularlo; y tampoco cabe reconducirla a una solicitud de actualización de la suma asegurada, pues esa cuestión no fundó la sentencia impugnada y su examen dependería de presupuestos fácticos y económicos que no fueron alegados, probados ni sometidos a contradicción durante las instancias ordinarias.
Por lo anterior, el cargo prospera. Se casará parcialmente la sentencia impugnada, exclusivamente en cuanto al capital de la condena impuesta a la aseguradora, y, en sede de instancia, esa condena se reducirá al saldo disponible del amparo de cumplimiento, esto es, a $1.679.569.678,64. En lo demás, la decisión del Tribunal permanecerá incólume, pues los restantes aspectos no fueron materia de la censura y quedan, por ello, fuera del ámbito de decisión de la Corte.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
Control de legalidad.
Se encuentran reunidos los presupuestos procesales de la acción, y no se advierten irregularidades o vicios que comprometan la validez de lo actuado, razón por la cual, se decidirá de fondo el presente asunto.
Alcance de la decisión.
Tal como se advirtió, las particularidades de este asunto determinan que el quiebre del fallo solamente sea parcial y que, por lo mismo, la competencia de la Corte en sede de instancia quede circunscrita al único aspecto sobre el cual prosperó la censura, esto es, el desconocimiento del tope del amparo de cumplimiento y de su afectación anterior.
Los demás aspectos de la sentencia del Tribunal no fueron objeto del recurso y, por lo mismo, conservan plena eficacia. Así ocurre con la declaración del incumplimiento atribuido a THX Energy Sucursal Colombia, con la exclusión de los rubros que ese juzgador descartó, con la –sui generis– naturaleza y el punto de partida de los réditos reconocidos y con lo decidido en torno al llamamiento en garantía. De ahí que el pronunciamiento de la Corte se contraiga a confrontar la condena impuesta con el saldo disponible de la cobertura.
Fallo apelado.
El Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá declaró la responsabilidad contractual de THX Energy Sucursal Colombia y condenó a la Confianza a pagar a FDN las sumas de $1.696.793.825 con cargo al amparo de anticipo y $13.454.013.221,53 con cargo al amparo de cumplimiento, ambas con intereses moratorios desde el 19 de septiembre de 2015.
Recurso de apelación.
En lo pertinente, la aseguradora sostuvo que la suma asegurada del amparo de cumplimiento ascendía a $18.675.406.712,61, que el pago satisfecho en aquella sede la afectó en $16.995.837.033,97 y que, por consiguiente, el saldo susceptible de comprometerse en este proceso no superaba los $1.679.569.678,64.
Consideraciones.
El único punto que subsiste tras el quiebre parcial de la sentencia quedó dilucidado al despacharse el cargo, a cuyos razonamientos se remite la Sala. Basta recordar que la suma asegurada fija el tope de la prestación a cargo del asegurador y que, salvo pacto en contrario –inexistente en este caso, pues la propia póliza excluyó el restablecimiento automático del valor asegurado– ese límite se reduce en el importe de la indemnización efectivamente pagada, sin que sea posible desagregar de ella el componente de actualización para excluirlo del agotamiento de la cobertura.
En ese orden, acreditado el pago de $16.995.837.033,97 con cargo al amparo de cumplimiento, el saldo disponible al momento de proferirse la condena era de $1.679.569.678,64, y a esa cifra debe reducirse. La sustitución se contrae a ese preciso extremo, único que resultó quebrado, de suerte que los restantes reparos de la apelación conservan la solución que les diera el Tribunal.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 14 de febrero de 2024, dictada en esta causa por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. SIN COSTAS EN CASACIÓN, dada la prosperidad de la impugnación extraordinaria.
Y situada en sede de instancia, esta Corporación
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la referida sentencia de 14 de febrero de 2024, únicamente en cuanto al monto de la condena impuesta a la aseguradora, el cual quedará así:
«SEGUNDO. En lugar de los ordinales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, y en virtud de lo convenido en la Póliza de Seguro de Cumplimiento n.° CU066803, CONDENAR a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – Seguros Confianza S.A. a pagar a la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. – FDN, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de mil seiscientos setenta y nueve millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos ($1.679.569.678,64), correspondiente al saldo disponible del amparo de cumplimiento, junto con los intereses corrientes que sobre dicho valor se hubieren causado desde la presentación de la reclamación y hasta que se disponga el pago total de la misma».
SEGUNDO. MANTENER las demás determinaciones adoptadas en la sentencia de segunda instancia.
TERCERO. En firme esta providencia, devuélvase la actuación al juzgado de origen.
Notifíquese,
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala
(Salvamento de voto)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
SALVAMENTO DE VOTO
Magistrado Juan Carlos Sosa Londoño
Con el mayor respeto por el resto de la Sala, expreso las razones por las cuales disiento plenamente de las razones y la decisión adoptada por la mayoría en el asunto de la referencia.
Detento en este pronunciamiento la dignidad y el serio compromiso de formalizar a título personal, el producto de un valioso trabajo colectivo de la deliberación en Sala y en el que debo destacar, como modesto pero sentido homenaje, el juicioso e ilustrado trabajo de la honorable magistrada que fungió como sustanciadora y ponente inicial de la causa, Dra. Hilda González Neira, quien no acompaña la suscripción de la disidencia por haber cesado, con el máximo decoro, en sus funciones jurisdiccionales debido al cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
Durante la discusión colegiada de este asunto, las primeras versiones de la ponencia se nutrieron de los aportes que modestamente extendimos varios y con generosidad, rigor y sana crítica fueron incorporados por la insigne Magistrada, hasta lograr una fundamentación sólida y armónica, muy acorde con el carácter de su principal creadora, quien, efectivamente, fue «una presencia diaria, una voz serena en las deliberaciones, y una forma ética de habitar la justicia», como bien fuera descrita por su equipo de colaboradores en las jornadas de su despedida de la Corporación.
De manera que las razones y el estilo que aquí exhibo y, por supuesto, defiendo no son capital intelectual exclusivo de este funcionario disidente, sino principalmente de quien hasta la derrota de la ponencia fuera la directora del trámite extraordinario y enseñó con su experiencia judicial que «las decisiones más difíciles pueden tomarse sin estridencias, pero con absoluta claridad moral y jurídica».
Se estimó en la ponencia derrotada que la resolución del cargo único exigía dar cuenta de unos tópicos de acentuada importancia en el derecho de seguros y esas son, precisamente, las mismas materias generales que hoy soportan la postura contraria a la mayoría, así:
1. Concepto y alcance de la suma asegurada en las diferentes etapas del contrato de seguro
La suma asegurada es un elemento cardinal en el contrato de seguro y cumple significativas funciones y efectos durante la vigencia de la relación aseguraticia.
Existen tres momentos cruciales que ameritan analizarse: (i) la celebración del contrato; (ii) la ocurrencia del siniestro; y (iii) el pago de la indemnización.
1.1. La suma asegurada en la celebración del contrato
La suma asegurada es una de las condiciones particulares del convenio de seguro y de acuerdo con el numeral 7° del artículo 1047 del estatuto comercial debe aparecer señalada expresa o tácitamente, esto es, a través de expresarse una cifra o de indicarse «el modo de precisarla».
Su principal función en esta etapa inicial del negocio jurídico es la de delimitar cuantitativamente el riesgo que el asegurador va a asumir y, por consiguiente, el alcance de la prestación prometida. Con base en este referente, las partes pueden conocer, ab initio, la magnitud de la eventual indemnización a cargo de la compañía aseguradora.
La determinación de aquella puede ser el resultado de la declaración unilateral del asegurado en los seguros reales, sobre lo cual se ha entendido que al estar en contacto directo con el interés objeto del pacto, «conoce su valor económico (valor asegurable) y puede por tanto, cuantificar la protección que requiere, la que se adecúa a sus personales conveniencias, a su posibilidad de pago, o también esa estimación puede ser fruto del acuerdo de voluntades de las partes como ocurre en los seguros de daños (art. 1087 C. Co.).
Respecto de los últimos, el inciso segundo del canon 1089 ibidem establece una presunción iuris tantum acorde con la cual el valor real del interés asegurado es aquel que «haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador», presunción que el asegurador podrá desvirtuar acreditando que «el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, más no que es inferior a él».
En adición a lo anterior, la suma asegurada es la base para el cálculo de la prima, la cual constituye la contraprestación del riesgo que asume el asegurador en virtud del contrato.
De otra parte, en esta etapa primigenia puede presentarse el fenómeno del «sobreseguro», que se rige por lo dispuesto en el artículo 1091 ibidem, disposición que establece como consecuencia del «exceso del seguro sobre el valor real del interés asegurado», la nulidad del contrato «con retención de la prima a título de pena, cuando de parte del asegurado haya habido intención manifiesta de defraudar al asegurador».
Si faltara ese designio defraudatorio del asegurado, cualquiera de las partes podrá solicitar la reducción de la suma asegurada con el reintegro o la rebaja de la proporción de la prima correspondiente al «importe del exceso y al periodo no transcurrido del seguro»; en cambio, la reducción no podrá realizarse si ha ocurrido un siniestro total.
La suma asegurada, de acuerdo con el autor argentino Isaac Halperin, «tiene en el contrato una función análoga a la del valor a indemnizar, aunque de menor importancia cuando es inferior, ya que cuando es mayor el resarcimiento no puede exceder del valor a indemnizar, y cuando es menor se otorgará en proporción»
Representa la máxima exposición al riesgo que el asegurador ha consentido asumir, de ahí que no se trata simplemente de un «techo» o «límite» del monto a pagar, sino que el concepto hace parte de la delimitación del objeto del pacto aseguraticio.
Entre la última y la prima existe una relación de proporcionalidad directa, de modo que, a mayor asunción de riesgo por el asegurador, mayor será también la prima a cobrar al tomador o al asegurado.
1.2. La suma asegurada ante la ocurrencia del siniestro
1.2.1. Acaecido el siniestro, es decir, la realización del riesgo asegurado, la suma asegurada pasa de ser una estimación de las partes o de la declaración del asegurado, a erigirse en el límite máximo de la obligación resarcitoria del asegurador.
Así lo estatuye el artículo 1079 del Código de Comercio al referir que «[e]l asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada». Esta norma, de carácter imperativo, constituye una de las reglas fundamentales del convenio aseguraticio y es aplicable a toda clase de seguros.
Sin embargo, el legislador contempló algunas excepciones, las cuales se encuentran previstas en los preceptos 1079, 1128 y 1161 de la codificación mercantil.
La primera disposición remite al inciso segundo del canon 1074 ejusdem, conforme al cual el asegurador «se hará cargo, dentro de las normas que regulan el importe de la indemnización, de los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de tales obligaciones», refiriéndose a las obligaciones de evitar la extensión y propagación del siniestro, y de proveer al salvamento de las cosas aseguradas.
El canon 1128 estatuye que, con algunas salvedades consagradas allí, el asegurador «responderá, además, aún en exceso de la suma asegurada, por los costos del proceso que el tercero damnificado o sus causahabientes promuevan en su contra o la del asegurado».
Y, por último, el precepto 1161, referente a seguros de vida, establece el aumento del valor del seguro si la edad real del asegurado es menor a la consignada en su declaración de asegurabilidad, de ahí que en este evento la prestación a pagar por el asegurador necesariamente excederá la suma asegurada.
Ahora bien, ante el siniestro, surge para el asegurado la carga de demostrar la existencia de aquél y, si fuere el caso, la cuantía de la pérdida, tal como lo preceptúa el artículo 1077 de la codificación comercial. El monto del daño sufrido será el primer factor para considerar, pero siempre se le confrontará con el límite impuesto por la suma asegurada, cuyo importe no podrá exceder la compañía aseguradora, pero como se explicará posteriormente en esta motiva, es contrario a los postulados de justicia e igualdad, considerar que aquella «suma» representa una cantidad fija o estática.
Y si en el nacimiento del contrato cobraba relevancia el «sobreseguro», en esta etapa la tiene el «infraseguro», porque si, al celebrarse el contrato, se fijó como suma asegurada una cantidad que resulta ser inferior al valor real del interés asegurado, al presentarse el siniestro, la pérdida será compartida entre el asegurador y el asegurado, porque la ley no obliga al asegurador sino a indemnizar al segundo «a prorrata entre la cantidad asegurada y la que no lo esté». Las partes podrán estipular, desde el inicio, que el asegurado no asumirá, ni siquiera una parte de la pérdida o del deterioro, salvo que el importe de estos rebase la suma asegurada (art. 1102 C. Co.).
En virtud del canon 1089 eiusdem, «[d]entro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario (…)», de modo que el valor real del interés asegurado es el tope legal tanto de la prestación indemnizatoria que deberá asumir el asegurador como de la suma asegurada, la cual, a su vez, se erige en el límite convencional de la indemnización.
Esta regla tiene significativas consecuencias. Por ejemplo, en el seguro de responsabilidad civil, el límite contractual le es oponible al tercero damnificado que ejerce la acción directa, oponibilidad que se fundamenta en que las prerrogativas de la víctima no pueden ser más extensas que los derechos de las partes en virtud del contrato.
1.2.2. En el seguro de cumplimiento, cuyo objeto es «amparar al asegurado contra los perjuicios económicos derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones contraídas por el contratista garantizado» (CSJ, SC1983-2025), la suma asegurada delimita la cobertura del riesgo que se traslada al asegurador. Entonces, si ocurren múltiples siniestros o incumplimientos cobijados bajo el mismo amparo, la sumatoria de las indemnizaciones no puede, en principio, superar dicho valor.
La Corte ha decantado respecto de la obligación del asegurador, en esta clase de seguro, que aquella «no consiste en pagarle al acreedor-asegurado la suma de dinero que pretenda, sino indemnizarle el daño o perjuicio que, en estrictez, derive del incumplimiento imputable al deudor, que se le demuestre suficientemente y hasta concurrencia, claro está, de la suma asegurada» (CSJ SC, 24 jul. 2006, rad. 00191).
1.3. La suma asegurada y la indemnización a cargo del asegurador
La cuantificación de la obligación del asegurador se realiza en función de los límites consagrados en los preceptos 1079 y 1089 del compendio mercantil ya mencionados, de ahí que la suma asegurada cumple la función, en esta etapa de la vida del contrato de seguro, de ser un límite legal de la indemnización a cargo del asegurador.
En materia de seguros de daños, lo anterior se halla en consonancia con el principio indemnizatorio que, como se indicó, prohíbe que el seguro se convierta en fuente de lucro o enriquecimiento para el asegurado (art. 1088 C. Co.).
La aplicación de este axioma (art. 1089 ibidem) acarrea que la indemnización no puede sobrepasar:
El monto del perjuicio patrimonial efectivamente sufrido por el asegurado o beneficiario.
El valor real del interés asegurado en el momento del siniestro.
La suma asegurada pactada en el contrato.
La indemnización corresponderá al menor de estos tres rubros. La suma asegurada actúa como un dique, de modo que aún si el perjuicio y el valor real del interés asegurado son superiores, la obligación del asegurador no podrá exceder dicha estipulación.
2. La corrección monetaria y su aplicación en el contrato de seguro
2.1. La corrección monetaria fue entendida como un tipo de daño
Por mucho tiempo, a la indexación se le concibió en el derecho de seguros patrio como una forma de daño emergente y, bajo esta óptica, por ejemplo, cuando el asegurador concurría al pago de la indemnización, no podía posteriormente, a través de la subrogación consagrada en el artículo 1096 del estatuto mercantil, reclamarle al tercero causante del daño, el reconocimiento de la corrección monetaria de la cantidad cancelada en su oportunidad al destinatario del resarcimiento, porque se consideraba que tal exceso del quantum pagado constituía un enriquecimiento incausado para el asegurador, aún si había transcurrido un holgado lapso entre el pago al asegurado o al beneficiario de la póliza y el momento en que habría de ejercerse la subrogación judicial o extrajudicial, como así dan cuenta multitud de pronunciamientos, entre ellos las providencias CSJ, SC 22 en. 1981 (G.J. CLXVI, pág. 156; CSJ, SC, 6 ag. 1985 (G.J. CLXXX, pág. 239); CSJ, SC, 23 sep. 1993 (G.J. t. CCXXV, pág. 567); CSJ, SC 13 oct. 1995 (G.J. CCXXXVII, pág. 1123); CSJ, 25 ag. 2000, rad. 5445 y CSJ, SC 22 nov. 2001, rad. 7050.
No obstante, desde hace dos décadas, el precedente consolidado de la Sala se ha inclinado por aceptar que la corrección monetaria no representa una modalidad de daño, en tanto no constituye indemnización, ni se trata de una sanción a cargo de la parte a quien se impone la condena de pagar la prestación económica.
2.2. La verdadera naturaleza de la indexación
2.2.1. La columna fundamental para el correcto entendimiento de la problemática relacionada con los pagos que deben realizarse en el marco del contrato de seguro, radica en el debido esclarecimiento de la figura de la corrección monetaria y del punto de inflexión que tuvo lugar en la jurisprudencia de la Corte al reconocer la necesidad de superar el principio nominalista que imperaba y se manifestaba, entre otros aspectos, en el recobro que la compañía aseguradora ejercía respecto del dinero previamente desembolsado con cargo al cumplimiento de su obligación resarcitoria.
Dicho cambio de dirección en la postura de esta Colegiatura ocurrió con la sentencia CSJ, SC 18 may. 2005, rad. 0832-01, que propuso el abandono de la perspectiva nominalista para acoger, en su lugar, una visión que se acompasaba con la realidad económica y los principios de equidad e integralidad del pago, en consonancia, además, con la tesitura que poco tiempo antes había adoptado en torno a la naturaleza jurídica de la corrección monetaria.
En efecto, el citado pronunciamiento se asentó en las siguientes consideraciones:
El fundamento de la corrección monetaria y su proyección general en el contrato de seguro:
Es criterio decantado, con arreglo a moderna y acerada doctrina, que la corrección monetaria, en sí misma considerada, no constituye un factor adicional del daño, como en el pasado se sostuvo por un sector de la jurisprudencia -incluída la colombiana- y la dogmática del ramo (daño emergente), toda vez que ella, en estrictez, no es más que lo que denota su significado semántico: la mera actualización de una determinada suma de dinero, sin que ese ajuste, per se, entrañe alteración o mutación objetiva del quantum primigenio, pues la operación de indexar conduce, necesariamente, a una cifra que equivale cualitativamente al monto que se indexa, en cuanto reconstruye o restaura la capacidad adquisitiva del dinero, la que se puede ver minada por el transcurso implacable del tiempo, sobre todo en economías sometidas a un proceso sostenido de carácter inflacionario.
Desde esta perspectiva, resulta adamantino que la corrección monetaria no se compagina con la arquitectura indemnizatoria que, ab antique, es propia de la responsabilidad civil, sea ella contractual o extracontractual, pues su propósito es uno muy otro al de reparar el daño causado por el infractor. Con ella, tan sólo se pretende preservar incólume el poder adquisitivo del dinero, sin agregarle nada a la obligación misma, lo que significa que, en puridad, la indexación es un concepto que se ubica en la periferia de aquella problemática. En palabras de la doctrina especializada, acogida por esta Corte en las postrimerías de la pasada centuria, “No estamos aquí frente a un problema de responsabilidad civil sino que, por el contrario, nos hallamos en la órbita del derecho monetario, en donde la indexación se produce en razón de haber perdido la moneda poder adquisitivo. ¡Sólo eso, y nada más que eso!” (negrilla y subraya para enfatizar).
2.2.2. Es que la Corte ya había reconocido con anterioridad la procedencia de ajustar monetariamente las condenas en asuntos de otra índole, al admitir, de manera general, que merced del fenómeno de la inflación como una variable que afectaba de manera casi permanente a la economía nacional, la corrección monetaria se imponía como una cuestión de justicia y equidad. Véase como, en veredictos pretéritos, adveró:
(…) si la labor de interpretación y aplicación de la ley a cargo del juzgador solamente rinde verdaderos frutos, cumpliendo a cabalidad su cometido, cuando lo conducen a decisiones razonables y justas, es decir, cuando hace de la ley un instrumento de justicia y equidad, tórnase forzoso sentar que, justamente, ante la ausencia de norma expresa que prohíje la corrección monetaria en nuestra legislación y dado que la inestabilidad económica del país y el creciente deterioro del poder adquisitivo del dinero son circunstancias reales y tangibles que no pueden pasar desapercibidas al juez a la hora de aplicar los preceptos legales que adoptan como regla general en la materia, el principio nominalista, el cual, de ser aplicado ciegamente conduciría a graves e irreparables iniquidades, ha concluido la Corte, que ineludibles criterios de justicia y equidad imponen condenar al deudor a pagar en ciertos casos, la deuda con corrección monetaria (se destaca) (G. J. t. CCLXI, Vol. I, 280, (G.J, t. CLXXXIV, pág. 25, y t. CC, pág. 20).
2.2.3. Lo antedicho, con la necesaria y contundente aclaración sobre que, el comentado mecanismo, destinado a aligerar el impacto negativo de la inflación sobre una deuda, como un imperativo reconocimiento «a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada 'corrección monetaria' (G.J, ts. CLXXXIV, pág. 25, y CC Pág. 20), no le agrega a la obligación «nada equiparable a una sanción o un resarcimiento (CSJ, SC 8 jun. 1999, rad. 5127), de allí que acotara que «el fundamento de la corrección monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un daño emergente, sino en obedecimiento, insístese, a principios más elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales», pues al fin y al cabo «la pérdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino su cuantía» (se resalta) (CSJ, SC 9 sep. 1999, rad. 5005; CSJ, SC 28 jun. 2000, rad. 5348).
Al precisar de manera inequívoca que la indexación sólo es el simple ajuste monetario de una cifra nominal con la exclusiva finalidad de preservar su poder adquisitivo frente al fenómeno de la inflación, de modo que la cantidad obtenida al realizar esa operación «equivale cualitativamente al monto que se indexa», concluyó, bajo la tesis que a partir de ese momento, prohijó y ha mantenido la jurisprudencia de esta Sala -con efectos extensivos a otra clase de controversias-, que «si la corrección monetaria no constituye un arquetípico daño -como antes expresa y categóricamente se le entendió por un sector de la doctrina y por la propia jurisprudencia- nada le agrega al concepto de perjuicio indemnizable (…) (negrilla añadida).
2.3. Aplicación de la indexación en la subrogación del asegurador
2.3.1. Proyectada a la relación aseguraticia y desde la óptica de la subrogación del asegurador contra el tercero responsable del daño (art. 1096 C. Co.), la cual es solo una de las varias caras del contrato de seguro, esta Sala fijó el siguiente precedente:
(…) la circunstancia de ajustar monetariamente la suma que el tercero responsable debe cancelar al asegurador, tan sólo cumple el propósito de preservar, en su cabal y recta extensión, el poder adquisitivo de la moneda y, por reflejo, la capacidad liberatoria ínsita en los signos monetarios de curso forzoso (valor puramente intrínseco), todo con meridiano apoyo en la equidad, en atención a que el daño, como tal, sigue siendo el mismo (unicidad del perjuicio), sin que, por tanto, se hubiere alterado un ápice. En tal supuesto, entonces, la compañía de seguros no recibirá un peso más del que en su momento pagó al asegurado, pero tampoco un peso menos, lo que clara y objetivamente supone equilibrio, esto es, armonía y no desequilibrio o inarmonía, situaciones éstas que no deben campear en un Estado Social de Derecho (…). En palabras de A. Favré y G. Courtieu, el asegurador tiene derecho “nada más que a la indemnización pagada, pero a toda la indemnización”, entre otras razones, en virtud del axioma de la plenitud del pago, ya esbozado por esta colegiatura (negrilla y subrayado para resaltar) (CSJ SC, 18 may. 2005, rad. 0832-01).
2.3.2. En suma, el rol de la indexación es el de servir de herramienta para la actualización de una determinada cifra expresada en moneda legal debido a la pérdida de valor adquisitivo como consecuencia de la inflació. Pertenece,
por tanto, a la órbita del derecho monetario y no al ámbito de la responsabilidad civil.
Su finalidad no es la de reparar un perjuicio, sino la de recomponer el poder del dinero que se pierde en economías afectadas por un proceso sostenido de carácter inflacionario, en aplicación de principios superiores como los de justicia, equidad e integralidad del pago.
Incluso, como también lo advirtió el hito jurisprudencial citado, en el evento de no reconocerse la corrección monetaria, más que evitar el enriquecimiento sin causa de una de las partes -que en la acción subrogatoria sería el asegurador-, se produciría el efecto opuesto, comoquiera que la compañía aseguradora recibiría valores menguados.
Por ello, en aras de despejar cualquier clase de duda, aclaró que la corrección monetaria respecto del perjuicio indemnizado es incolora, pues «simplemente coloca las cosas en su justa medida cualitativa, sin adicionar, pero tampoco sin restar, operaciones éstas que no hacen -ni deben hacer- presencia de cara a la corrección o ajuste monetario (…). Al fin y al cabo, su misión es típicamente restaurativa, no expansiva (…)».
2.3.3. Queda esclarecido, entonces, que la corrección monetaria no es un perjuicio anexo que deba ser reparado, como antes se consideraba -incluso en la jurisprudencia de la Sala que lo tomaba como daño emergente- y, en ese orden de ideas, al reconocerla «no se está cancelando, a manera de plus, un perjuicio adicional o complementario (…)», es decir, «no quita ni agrega daño» (CSJ, SC 18 may. 2005, rad. 0832-01).
Así las cosas, la corrección monetaria no incrementa la obligación, sino que la expresa en sus justos términos reales, esto es, en su valor real y actual. Es un mecanismo de justicia que impide que el transcurso del tiempo, sumado a la depreciación de la moneda de curso legal, erosione el contenido patrimonial de una prestación y genere un enriquecimiento injustificado para el deudor con el correlativo empobrecimiento del acreedor. La indexación es, en esencia, el mismo capital adeudado, pero expresado con referencia a su poder adquisitivo actual.
2.4. Carácter extensivo de las reglas sobre corrección monetaria
Las pautas que vienen de reseñarse en torno de la indexación, a las cuales la Corte arribó hace más de cuatro lustros en relación con la subrogación del asegurador no son exclusivas para la acción incoada con esa finalidad, sino que su efecto se extiende a otras controversias, incluso ajenas al contrato de seguro (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2000-04366; CSJ, SC11822-2015; CSJ, SC3273-2020; CSJ, SC2217-2021; CSJ, SC042-2022).
Dígase de una vez, los razonamientos de equidad, equilibrio patrimonial y justicia que motivaron aquel cambio jurisprudencial -pasando de una visión nominalista a una valorist–- son plenamente aplicables a todas las relaciones y supuestos del mismo contrato de seguro, lo que se traduce en que -como luego se desarrollará-, en virtud de los postulados de coherencia jurídica e igualdad, si se permite la corrección monetaria a favor del asegurador cuando este se subroga en los derechos del asegurado frente a las personas responsables del siniestro, con idéntica razón debe aplicarse al determinar el límite real de la obligación indemnizatoria del asegurador frente al asegurado, bajo los mismos principios que guiaron a la Corte para admitir la indexación en aquel evento.
Ahora bien, el reconocimiento de la posibilidad de prever, en las relaciones privadas, el influjo de la depreciación de la moneda y adoptar precauciones al respecto, se asentó en la jurisprudencia de la Corte, desde hace mucho tiempo. Esta Sala, en el año 1979, prohijó la posibilidad de que los particulares «en sus negocios jurídicos, acuerden e inserten cláusulas de ajuste o corrección, que la misma legislación colombiana ya autoriza en algunos sectores de la economía nacional», al tratarse de una medida «destinada a mantener el equilibrio económico de las partes, a precaver el enriquecimiento torticero, y a contratar sobre el valor real de la moneda».
Para contextualizar esta perspectiva, anclada en el postulado del valorismo, explicó que las reglas de ajuste monetario fueron extensamente analizadas por la doctrina y la jurisprudencia foráneas con ocasión de la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, que trajeron como consecuencia, amén de una crisis económica para las naciones involucradas, la depreciación de sus monedas. Debido a lo anterior,
(…) [a]nalizando su incidencia en las relaciones contractuales privadas, han sostenido los tribunales extranjeros y los tratadistas, que si el valor del dinero reside no en lo que es sino en lo que con él se puede adquirir, el fin perseguido por las partes al celebrar la convención no es ni sería el de obtener una suma nominal monetaria, sino el logro del poder adquisitivo. Por tal virtud, acudiendo a los principios o reglas generales del derecho, como el de la buena fe en el cumplimiento de 'las obligaciones contractuales, la equidad, el enriquecimiento injusto y la ruptura del equilibrio entre las prestaciones de las partes, se desentendieron del postulado nominalista de la moneda y cogieron por el sendero de ajustar la obligación dineraria. Y fueron los tribunales alemanes los que con mayor vigor, a partir de la primera guerra mundial, reaccionaron con fundamento en los postulados que se acaban de mencionar (negrilla añadida) (CSJ, SC 24 abr. 1979, G. J. t. CLIX n.° 2400, pág. 99 a 117).
Como aplicación concreta mencionó la indemnización de perjuicios derivados de la culpa aquiliana, en la cual la doctrina extranjer, con base en el postulado esencial de completitud del resarcimiento, sostuvo que en el evento de que «entre la fecha de ocurrencia del hecho causante del daño y la fecha de su reparación o indemnización haya variado el poder adquisitivo de la moneda, la solución o pago de la correspondiente indemnización debe comprender el fenómeno de depreciación monetaria, esto es, debe verificarse con el consiguiente ajuste» (se resalta) (ibidem).
2.5. La incidencia de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda en las obligaciones pecuniarias y, en particular, en las relaciones derivadas del contrato de seguro
2.5.1. Un sector de la doctrina foránea ha distinguido entre las que denomina «obligaciones de dinero» y aquellas que llaman «obligaciones de valor», diferenciación que proviene de una vertiente de la doctrina italiana en la segunda década del siglo X como una alternativa de restablecimiento del equilibrio económico en países que sufrieron una fuerte desvalorización de la moneda de curso legal, como en Latinoamérica ha ocurrido en las Repúblicas de Argentina, Chile y Colombia, de ahí que su relevancia se mantenga especialmente vigente en economías inflacionarias como la nuestra, donde el vínculo con el poder adquisitivo del dinero se hace necesario e, incluso, indispensable, para conjurar los efectos de la constante depreciación monetaria.
Así lo ha reconocido también el Consejo de Estado que, sobre el particular, acotó:
Es natural que en épocas de relativa estabilidad monetaria se aplique el principio nominalista en todo su vigor. Sin embargo, cuando la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario adquiere proporciones mayores, el nominalismo deja de ser una opción adecuada en términos de justicia y equidad. Como puede observarse, en Colombia la constancia no ha sido precisamente la de establecer mecanismos de corrección monetaria por vía de Ley, lo que ha llevado a la necesidad de acudir a mecanismos de indexación fundados en principios constitucionales como la equidad, la justicia y la reparación plena (se destaca) (CE, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 30 may. 2013, rad. 2006-00986-01).
Con el fin de relievar las principales diferencias entre las dos categorías de obligaciones, la citada Corporación expuso lo siguiente sobre los postulados que las inspiran:
El principio nominalista, indica que en las obligaciones pecuniarias el deudor se libera con la entrega de la suma nominal originalmente pactada, aún a pesar de que entre el momento de la celebración del acto jurídico y el de su cumplimiento haya tenido lugar un proceso inflacionario importante, con la consecuente disminución en el poder adquisitivo del dinero. Contrario a lo expuesto, se encuentra el Valorismo, denominado también Realismo, en el que se predica que el deudor sólo se libera de la obligación contraída pagando el valor económico real al momento del cumplimiento de la obligación, asumiendo el valor de la depreciación del dinero por el paso del tiempo. El Valorismo, requiere, necesariamente, de la utilización de mecanismos idóneos que permiten traer a valor presente el monto depreciado por el paso del tiempo. A este fenómeno se le conoce con el nombre de Corrección Monetaria, Actualización Económica o, simplemente, indexación (negrilla para enfatizar) (ibidem).
2.5.2. En ese orden, en las que algunos autores denominan «deudas de valor» cuyo antecedente se encuentra en la jurisprudencia alemana durante la crisis inflacionaria de 1924 que distinguió entre las expresiones «Geldschuld» y «Werschuld, para referir la primera a deudas que habían nacido referidas a una suma determinada de dinero y la segunda a aquellas que, «aunque debían finalmente pagarse en dinero, no habían tenido en su origen como objeto el dinero, siendo la unidad de moneda únicamente el medio para su liquidación y pago, por ello su objeto «representa una dimensión económica mensurable en unidades monetarias de medida, de ahí que su monto definitivo obedecerá al poder adquisitivo que tenga esa unidad monetaria en el momento de solucionar la obligación.
2.5.3. Las obligaciones a las cuales los mismos autores denominan «de dinero», difieren de aquellas que rotulan «de valor» o sometidas a criterios de reajuste monetario en cuanto a su régimen, toda vez que las primeras, como se indicó, siguen el principio nominalista, el cual prescinde de atender las fluctuaciones de la moneda, en tanto las otras se rigen por el principio valorista, que es sensible a las oscilaciones sufridas por la unidad monetaria hasta el momento de la cuantificación de la obligación en dinero.
Otros autores señalan que la disimilitud no es ontológica, porque en ambas lo adeudado es dinero, entonces las dos son obligaciones dineraria, razón por la cual acuden a otras denominaciones como «obligaciones pecuniarias corrientes», en las cuales se pacta un monto nominal fijo y «obligaciones de valor» que tienen como referente «una cuota de valor»
2.5.4. Sobre las anteriores posiciones doctrinales y con el objetivo de evitar que se genere confusión, se considera que ambas son obligaciones dinerarias en tanto su objeto es la entrega de una suma de dinero, pero las primeras se orientan por el principio nominalista.
De ahí que el deudor es llamado a pagar con el mismo número de unidades monetarias fijado en la constitución de la obligación, sin atender las fluctuaciones que pueda experimentar el dinero, mientras que a las segundas se les aplican medidas de actualización en el tiempo, como los intereses, el pago en moneda extranjera, los sistemas de reajuste específicos como el extinto UPAC y la vigente UVR, las cláusulas de «estabilización» o de «reajuste y la indexación o corrección monetaria, entre otros.
En la doctrina argentina se observa que el autor Bustamante Alsin abogó por la adopción legislativa en su país de la tesis de reajuste monetario de las obligaciones pecuniarias, porque en un entorno económico afectado por la inflación, la aplicación rígida del principio nominalista conduce a incurrir en injusticias; en cambio, la corrección monetaria tiene como ventajas que: i) realiza la justicia distributiva al recibir cada uno la medida exacta de lo adeudado; ii) alcanza la justicia conmutativa porque se mantiene el equilibrio y paridad de las prestaciones recíprocas; iii) mantiene la seguridad jurídica pues al expresar las obligaciones en términos de valor real, existe certidumbre sobre la permanente corrección y actualización del dinero; iv) regula el proceso inflacionario evitando su incontrolada aceleración y, v) moraliza las relaciones económicas al estimular el pago puntual de las deudas.
2.5.5. El autor Félix Trigo Represas señala como ejemplos de obligaciones a las cuales se aplican criterios de actualización monetaria: i) la indemnización de los daños provocados por hechos ilícitos, ii) el pago de las legítimas a que tiene derecho el heredero y iii) la compensación por un enriquecimiento injust.
También enuncia: i) la resultante de una cláusula penal, ii) la recompensa para el hallador de una cosa perdida, iii) la obligación del depositante de reembolsar al depositario los gastos efectuados para la conservación de la cosa y iv) las prestaciones alimentarias y similares, que tienen por objeto un suministro periódico
2.5.6. Esta Corporación, en una época en que no se había admitido de manera general la corrección monetaria y no existía norma que la estableciera, explicó que dicho mecanismo,
(…) se ha de dar en aplicación concreta del principio de equidad, razón por la cual no puede el juzgador, sin pecar de injusto, dejar de averiguar si el capital sobre el cual se pretende aplicar la corrección monetaria corresponde realmente al que es objeto de pago o restitución, en el bien entendido que una afectación que en ese orden se haga de manera indiscriminada o sin el menor análisis, trastoca la función que debe cumplir todo ajuste monetario, pues en vez de servir éste de bálsamo corrector que beneficia al acreedor de una suma de dinero, frente a los cambios económicos ostensibles que suceden con el transcurso del tiempo, puede pasar a ser fuente de enriquecimiento injusto, el cual, por serlo, en ningún caso se puede auspiciar ni propiciar (CSJ, SC 10 abr. 2000, rad. 5142).
Sin embargo, posteriormente, y una vez que se había reconocido la procedencia de este mecanismo de ajuste monetario en diversas especies de controversias, refiriéndose específicamente a los seguros de daños -como lo es el de cumplimiento-, precisó que el derecho a la corrección monetaria no conspira contra el principio indemnizatorio que los rige,
(…) pues lo que en realidad quiere significar tan neurálgico postulado, en su real y cristalina esencia, es otra cosa enteramente diferente: evitar que el asegurado se enriquezca a costa del asegurador y, por reflejo, de la comunidad -o masa- asegurada, bien entendida, habida cuenta que el seguro, en desarrollo de potísimas y centenarias reglas áureas, no puede constituirse en fuente de enriquecimiento. Por ello es por lo que aquél no está legitimado para recibir suma superior al monto de los perjuicios sufridos o experimentados, tanto más cuanto que la prima del seguro se calcula, como se sabe, en función del riesgo asumido (ecuación prima-riesgo) (…) (CSJ, SC 18 may. 2005, rad. 0832-01).
2.6. La naturaleza de la obligación resarcitoria del asegurador
2.6.1. La principal obligación que surge del contrato de seguro para el asegurador es una arquetípica obligación de aquellas denominada «de valor» por una parte de la doctrina como se mencionó o a la cual, simplemente, se aplican criterios de actualización monetaria. Lo precedente, porque su finalidad no es la de entregar una cantidad nominal de dinero, sino la de reparar al asegurado o al beneficiario del seguro hasta el límite del valor real del interés asegurado al momento del siniestro, y si este es mayor a la «suma asegurada», la responsabilidad del asegurador se limita a esta última (art. 1079 C. Co.), salvo las excepciones que se enunciaron en otro apartado de estas consideraciones.
El fin primordial de la principal obligación del asegurador es la reparación del daño, es decir, el objeto económico perseguido por el contrato no es la circulación de unidades monetarias, sino la preservación patrimonial del interés asegurado dentro del marco de la cobertura pactada.
2.6.2. En una economía como la colombiana, que ha pasado por procesos inflacionarios en los últimos años y desde hace década, esta precisión resulta crucial para mantener la función indemnizatoria del seguro.
| Precisamente, en la República Argentina se han alzado voces para destacar que el proceso inflacionario que sufre su moneda «exhibe las dificultades de sujetar las obligaciones de dar moneda a un principio nominalista absoluto». En virtud de la inflación, «una suma asegurada que al momento de celebrarse el contrato guardaba absoluta paridad con el valor real del bien que pretendía proteger, puede resultar mínima comparada con el nuevo valor adquirido por ese mismo bien como consecuencia de la depreciación monetaria» y, la consecuencia de esto, es que «aún en caso de cumplimiento oportuno, el perjuicio al asegurado por el infraseguro será inevitable», efecto que se agrava cuando es necesario adelantar un proceso judicial y este se extiende en el tiempo, «ya que la traducción de aquella suma asegurada a la hora de la fijación de valores actuales de la indemnización habrá quedado seriamente afectada» |
Aplicando la distinción de que se ha dado cuenta al seguro de daños, resulta paladino que el asegurador no se obliga ab initio a entregar una cantidad fija de moneda de curso legal. En su obligación de pagar la indemnización, el dinero que finalmente entrega es el instrumento subrogado para restaurar el patrimonio menguado del asegurado, lo que tipifica una obligación de valor.
Es cierto que las partes del pacto fijan la «suma asegurada» como límite máximo de la responsabilidad del asegurador, lo que podría llevar a pensar que se trata de una deuda nominal fija. Sin embargo, este límite no desvirtúa la naturaleza de la obligación; lo que se debe indemnizar es el quid (el valor del perjuicio) y no simplemente el quantum (la cifra nominal).
Por consiguiente, el límite de la responsabilidad del asegurador, esto es, la «suma asegurada», no se refiere a una cifra nominal y estática, sino a un valor real que debe ser inmune a las distorsiones que genera la inflación. Esto no significa que el indicado tope sufra alteración; continúa siendo el mismo, solo que expresado en términos actualizados y no en una pétrea cantidad nominal que ya no representa el valor inicialmente previsto en el contrato, lo anterior por efecto de la desvalorización de la moneda.
Lo contrario, es auspiciar que, en caso de dilación en el pago de la indemnización o de procesos judiciales de larga duración que impongan tal condena, el asegurador se vea enriquecido al pagar una moneda devaluada, dejando el daño parcialmente sin reparar, desconociendo la regla consagrada en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, norma de carácter imperativo, a cuyo tenor: «Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales» (negrilla añadida); no obstante, al pagar a la finalización de un litigio, una indemnización correspondiente a una «suma asegurada» nominal, la reparación incumple la exigencia de integralidad contenida en la norma que, además, impone acudir a criterios técnicos actuariales para lograr ese objetivo, uno de los cuales es corregir monetariamente cantidades que han experimentado la pérdida de su valor adquisitivo.
No puede partirse de la premisa de absolutizar el nominalismo pecuniario en el contrato de seguro y, a partir de allí, tratar la corrección monetaria como si se tratase de un rubro exógeno y extraño a la prestación asegurada. Esa orientación conceptual desconoce la evolución de la jurisprudencia de la Sala en torno a la naturaleza de la indexación.
Si bien en materia negocial rige el principio de autonomía de la voluntad privada, este postulado no prevalece sobre el mandato imperativo de la ley, que protege la exactitud de la obligación indemnizatoria reclamando que la valoración de los daños responda a los principios de equidad y de reparación integral, integralidad que, desde luego, se ve desconocida cuando lo pagado a título de indemnización es un importe apocado o envilecido.
Dicha protección también se manifiesta en el artículo 1102 de la codificación comercial, pues el legislador disipa la duda sobre la naturaleza de la obligación resarcitoria del asegurador en el caso del infraseguro, al establecer que, si no se halla asegurado íntegramente el valor del interés, «el asegurador sólo estará obligado a indemnizar el daño a prorrata entre la cantidad asegurada y la que no lo esté», pauta ésta conocida como «regla proporcional», que evidencia que la indicada obligación es «de valor», pues si fuera «de dinero», el asegurador debería pagar el importe del daño hasta agotar la suma asegurada y no, además, la prorrata entre esta y la cantidad que no lo está.
Reconoce la ley que el asegurado trasladó al asegurador una fracción del valor de su patrimonio expuesto al riesgo y, en consecuencia, el asegurador responde por la prorrata entre la fracción del daño no cubierta y aquella que si había sido prevista en el amparo.
Adicionalmente, la existencia de una cláusula de reajuste monetario de las obligaciones emanadas del contrato no sería necesaria bajo el entendido de que la suma asegurada no es nominal, como viene de precisarse, característica que comparte con el monto de la indemnización.
En gracia de discusión, si se admitiera la tesis opuesta, sería sesgado entrever en la falta de la estipulación de ajuste automático, una ausencia de previsión de parte del asegurado o de interés suyo en la actualización, comoquiera que el clausulado empleado por las aseguradoras, por lo general, obedece a formas pre-redactadas que no incluyen esta opción y no son de común usanza en el mercado asegurador colombiano. Y si bien, las cláusulas de ajuste monetario o de «índice variable» cumplen una función preventiva, su omisión no torna jurídicamente irrelevante la problemática de la depreciación de la moneda, ni convierte en íntegro el pago realizado por el asegurador como indemnización del siniestro aun siendo un pago degradado.
De otra parte, la indexación no sustituye la voluntad contractual; solo se limita a impedir que el deudor se libere con una cantidad que, aunque idéntica en términos numéricos, es inferior en términos reales a la prestación debida.
3. La necesidad de un tratamiento jurídico igual para todas las relaciones derivadas del contrato de seguro
3.1. La coherencia y armonía del ordenamiento jurídico exigen que, ante supuestos fácticos y jurídicos análogos, se apliquen las mismas soluciones de derecho.
Como se expuso, esta Corporación en la citada sentencia de 18 de mayo de 2005 (rad. 0832-01), reconoció la procedencia de la corrección monetaria en favor del asegurador que ejerce la acción subrogatoria contra el tercero responsable del siniestro. El fundamento, en últimas, radicó en que el asegurador tiene derecho a recuperar el valor real de lo que pagó, no su mero importe nominal.
3.2. En aplicación del apotegma latino ubi est eadem ratio, ibi idem ius (ante la misma razón, el mismo derecho), resulta insostenible y contradictorio reconocer la actualización monetaria para el asegurador cuando recobra lo pagado por concepto de indemnización, pero negarla para el asegurado (o beneficiario) al momento de establecer el límite de lo que puede recibir por esa prestación.
Por consiguiente, si esta Colegiatura, en la aludida sentencia hito ( CSJ SC, 18 may. 2005, rad. 0832-01), entendió que en el vocablo «hasta concurrencia de su importe» -contenida en el artículo 1096 del C.Co.-, «rectamente entendido, queda inmersa la indexación, en guarda de un acendrado realismo monetario y de sólidos fundamentos jurídicos que escoltan la procedencia de la indexación en el derecho colombiano», con identidad de razón de derecho, la expresión «hasta concurrencia de la suma asegurada» consignada en el canon 1079 ejusdem, la cual limita el valor de la indemnización, debe ser entendida en los mismos términos.
Ambos conceptos, esto es, «importe pagado» y «suma asegurada» operan dentro de la misma lógica de relaciones jurídicas derivadas del contrato de seguro y deben ser interpretados bajo el mismo criterio valorista, con el fin de evitar soluciones asistemáticas y contrarias a los principios de igualdad, coherencia del ordenamiento jurídico e integralidad del pago en el convenio aseguraticio.
Podría discutirse la inaplicabilidad del precedente citado en un escenario diferente a la subrogación del asegurador contra el tercero responsable del daño como lo es la reclamación del pago de la indemnización a la compañía aseguradora, por tratarse de contiendas jurídicas distintas, pero amén de que esta circunstancia no inhabilita per se la aplicación de la ratio sobre indexación contenida en dicho precedente, las premisas que sostienen la tesis allí expuesta en torno a su naturaleza jurídica no dependen de que el contradictor por activa en el juicio sea el asegurador subrogado o la acción la promueva el asegurado, siendo por ende totalmente predicable sus caros fundamentos: no es un perjuicio adicional; no desborda ni desconoce el principio indemnizatorio; no genera enriquecimiento del acreedor; y su razón de ser radica en la preservación del valor adquisitivo de la cantidad debida.
Ni las limitaciones de la subrogación legal, ni el carácter especial del artículo 1096 del estatuto comercial descartan la corrección monetaria, pues si en un supuesto que es disciplinado por un texto limitado, la Sala admitió que la corrección monetaria no implica un exceso indemnizatorio, con menor razón podría afirmarse que en el cumplimiento de la obligación principal del asegurador, la actualización o reajuste monetario constituye un pago que va más allá del contrato.
3.3. Todo lo expuesto conduce a sintetizar:
3.3.1. Los razonamientos expuestos por la Corte para aceptar la indexación de la suma pagada por la compañía aseguradora y cumplir su obligación indemnizatoria, la cual, según se adveró, se disciplina por el principio valorista y no por el régimen nominalista, son plenamente aplicables a las demás hipótesis de pago en el contrato de seguro; especialmente, la consistente en determinar el límite real de su obligación principal frente al asegurado o beneficiario de la póliza, para proceder al pago integral de la indemnización.
Excluir la corrección monetaria del cálculo del valor asegurado generaría una escisión jurídica y un trato diferenciado carentes de justificación dentro de un mismo sistema negocial -el contrato de seguro-.
Luego, el trato jurídico que debe otorgársele al asegurado y al damnificado debe ser simétrico al que la jurisprudencia le ha proporcionado a la compañía aseguradora al interpretar que la corrección monetaria hace parte del importe que tiene derecho a recibir en ejercicio del recobro contra el causante del daño, sea este por vía judicial o extrajudicial.
Así lo impone el derecho a la igualdad, porque no existe, en estricto sentido, ningún elemento diferenciador en la relación sustancial fundamental, que habilite un trato disímil frente a la pretensión resarcitoria, de modo que el monto del daño sufrido por el asegurado también debe ser objeto de corrección monetaria, a fin de fijar su real dimensión económica al momento de realizarse el pago de la indemnización, bajo el entendimiento de que aquel equivale, en términos de valor real, a la cantidad de dinero indexada, esto es, al importe que tenía el daño para la época de ocurrencia del siniestro.
3.3.2. En tal virtud, debe entenderse que cuando el artículo 1079 de la codificación comercial alude a la «suma asegurada», en dicho concepto queda comprendida la corrección monetaria, es decir, para establecer su valor transcurridos varios años después de que se expidió la póliza, es necesario realizar su actualización monetaria, esto es, proceder a indexar dicha cantidad.
Así, el resultado obtenido de esta operación será una «suma asegurada» expresada en términos de valor constante o actual, atendiendo el influjo de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda debido a la inflación, y no meramente como una suma de dinero nominal, como actualmente se le entiende en el gremio asegurador, pero también es preciso corregir monetariamente el importe que tenía el daño para la época de ocurrencia del siniestro a la fecha de pago de la indemnización por el asegurador.
Luego, las cantidades en valor indexado son iguales a las que se actualizaron, vale decir, a la «suma asegurada» nominal y al monto del daño para la época del siniestro, también nominal.
3.3.3. La expresión contenida en el artículo 1079 del estatuto mercantil («suma asegurada») y aquella consignada en el canon 1089 ejusdem («indemnización») y las otras del mismo compendio que aludan a tales conceptos, no pueden considerarse regidas por el principio nominalista, en tanto la obligación del asegurador de pagar la indemnización es susceptible de corrección monetaria
4. El principio indemnizatorio y la prohibición de enriquecimiento injusto en los seguros de daños
4.1. Los seguros de daños -tipología a la cual se adscribe el de cumplimiento que es un seguro patrimonial-, como se indicó en otro capítulo de estas consideraciones, se rige por el principio indemnizatorio, conforme al cual la indemnización no puede constituir una fuente de enriquecimiento para el asegurado (art. 1088 C. Co.).
No obstante, la tesis encaminada a obtener que la indexación del valor del daño sufrido por el asegurado se adicione al capital para agotar el límite de la cobertura del amparo de cumplimiento, desvía este cardinal principio por cuanto:
i) Genera un infraseguro: Si la suma asegurada, en una economía inflacionaria como la nuestra, no se entiende en términos reales o actualizada monetariamente, sino que se le considera como la cantidad nominal consignada al momento de celebrar el contrato, y a ese «quantum» nominal se le pretende agregar el componente de indexación como si éste fuese un perjuicio adicional, naturaleza que le es completamente ajena, como ya quedó establecido en esta motiva, y así lo ha considerado esta Corporación desde hace varios lustros, la innegable consecuencia es que la cobertura real se ve drásticamente reducida.
El asegurado, quien pagó una prima calculada para cubrir un determinado valor, terminaría recibiendo, entonces, una indemnización cuyo poder adquisitivo es muy inferior al valor por el que se aseguró, situación análoga a la que existía previo a que la jurisprudencia de esta Sala reconociera la corrección monetaria en el derecho de subrogación del asegurador; por tal razón al reparar en ese desequilibrio, con toda razón, expresó la Corte:
Es más, si de equilibrio se trata, la falta de reconocimiento de la corrección monetaria, más que evitar un enriquecimiento, lo que traduce es un efecto contrario, puesto que el acreedor recibiría valores envilecidos, desequilibrio éste que no tendría una causa jurídica suficiente que lo justifique o explique, en clara contravía de granados postulados que informan la ciencia jurídica contemporánea: uno de ellos, de acentuada valía, según el cual, en línea de principio, el derecho es bifronte y, por contera, llamado a propiciar un equilibrio en las relaciones interpersonales (CSJ, SC 18 may. 2005, rad. 0832-01 citada).
Luego, la ausencia de corrección monetaria deja al asegurado parcialmente desprotegido, contraviniendo la finalidad misma del seguro, que es mantener la indemnidad de su patrimonio.
Se podría argumentar que admitir la procedencia de entender la suma asegurada como un valor susceptible de corregirse monetariamente y no como una cifra estancada en el quantum inicial fijado en la póliza, incide negativamente en la ecuación económica del contrato, porque el asegurador recibirá una prima menguada en cantidad nominal y, por tanto, tendrá que acarrear con los efectos que conlleva la depreciación monetaria.
No obstante, tal aserto carece de veracidad porque gracias a la renovación anual de las pólizas que es usual en diversas clases de seguros, la prima a cargo del tomador se incrementa cumplido ese periodo, atendiendo sendas variables, tales como el aumento de los costos vinculados al seguro (reparaciones, servicios médicos, entre otros), un mayor índice de siniestralidad, el costo total de las reclamaciones presentadas en el último año y, por supuesto, debido a la inflación, lo que le permite al asegurador contar con primas estables que si son corregidas monetariamente.
Adicional a esto, en la práctica contemporánea, las compañías aseguradoras incorporan el supuesto de la desestabilización generada en la economía por la pérdida de valor adquisitivo de la moneda al estimar las reservas técnicas, proyectar pagos futuros y valorar la suficiencia de las previsiones, de tal suerte que los aspectos técnicos propios de la relación asegurativa como prima, reservas, reaseguro y estabilidad sistémica no constituyen un impedimento para reconocer la necesaria indexación de la suma asegurada y del valor de la indemnización a pagar ante la ocurrencia del siniestro.
ii) Provoca un enriquecimiento injusto para el asegurador: Si el asegurador paga una indemnización igual al «quantum» nominal pactado en la suma asegurada, pero cuyo valor real es inferior debido a la inflación, se estaría beneficiando injustamente del paso del tiempo. Proporcionaría satisfacción a su obligación resarcitoria con una cantidad de dinero devaluada, envilecida, apocada, reteniendo para sí una porción del valor que contractualmente se obligó a cubrir.
4.2. La adecuada interpretación del principio indemnizatorio exige, se ítera, que la suma asegurada opere como un límite real y no meramente nominal. La indemnización, incluyendo su actualización monetaria, no debe ser superior al valor del daño sufrido por el asegurado también indexado y, a su vez, el pago a realizar por el asegurador no debe superar el límite de la suma asegurada, entendida esta como un valor constante y actualizado.
Entonces cualquier postura en contrario deviene inadmisible. La corrección monetaria no es un rubro que se adiciona o añade a la indemnización para efectos de calcular el límite de la cobertura cuando el valor que tenía el daño sufrido por el asegurado para la época del siniestro tampoco ha sido corregido monetariamente o actualizado. La indemnización es una sola, y corresponde a una obligación que debe ser pagada en su equivalente monetario a la fecha de la solución. La suma asegurada, a su vez, constituye su tope máximo.
4.3. Acorde con lo anterior, al deducir la corrección monetaria del pago nominal efectuado por la aseguradora o indexar por igual todas las cifras involucradas, no se soslaya el referente cuantitativo pactado en el seguro.
El límite cuantitativo de la responsabilidad de la aseguradora sigue siendo inmutable, pero en términos reales, mas no inamovible desde una óptica nominalista, que ha caído en desuso por generar inequidades como producto del desconocimiento de fenómenos como la inflación, que impacta negativamente a las economías al ocasionar la pérdida de poder adquisitivo de las monedas de curso legal, como ya se indicó en esta motiva.
4.4. Memórese que otro basamento de la corrección monetaria, consiste en que el deudor debe hacer un pago completo a su acreedor para liberarse de su deuda (art. 1649 C.C.); de contera, quien paga parcialmente, no puede aspirar a que aquella se salde en su totalidad, con un desconocimiento absoluto del principio de plenitud del pago, primordial en este modo de extinguir las obligaciones.
Por consiguiente, si el asegurador paga la indemnización sin atender que la suma asegurada es un «valor real» y no un «quantum nominal» y que el daño que padeció el asegurado también lo es, la satisfacción que se haga de su obligación resarcitoria será parcial y, por lo mismo, incompleta.
De allí que la Corte haya señalado que, si una obligación no es pagada en oportunidad, se impone su ajuste monetario, «para representar el valor adeudado, porque esa es la única forma de cumplir con el requisito de la integridad del pago” (se subraya; CLXXVI, pág. 136). Tal la razón por la que ha expresado que “el deudor no puede pretender, per se, liberarse de la obligación, entregando a su acreedor especies o signos monetarios apocados” (cas. civ. de 19 de noviembre de 2001; exp.: 6094), por el flagelo inflacionario» (CSJ, SC 18 may. 2005, rad. 0832-01).
4.5. Como el asegurado tiene derecho al pago completo de la indemnización «hasta concurrencia de la suma asegurada», no es admisible aseverar que, al reconocer la indexación, la compañía aseguradora asumió una cantidad de dinero adicional, pues con esa tesis se soslaya que aquella operación no tiene la naturaleza de perjuicio, y por esta potísima razón, la indicada actualización monetaria no genera la repercusión consistente en impactar o descontar la suma asegurada.
En consecuencia, no procede sumar la indexación al monto del daño a indemnizar para, de ese modo, entender menguado o agotado el valor que se aseguró en la correspondiente cobertura contenida en la póliza. La actualización monetaria es consustancial a la obligación de indemnización a cargo del asegurador y no puede ser utilizada para mermar la cobertura real pactada, so pena de generar un desequilibrio económico entre las partes del seguro, ayuno de justificación amén que vulnera el principio indemnizatorio, la equidad contractual, la identidad de tratamiento jurídico en las relaciones jurídicas análogas y la coherencia del ordenamiento positivo.
4.6. De igual manera, es consecuencia de lo sostenido que en el evento de que una autoridad judicial, administrativa o fiscal, ordene el pago de una indemnización corregida monetariamente, es claro que el componente de indexación no genera el efecto de agotar ni de aminorar la suma asegurada que se pactó en la póliza, pues, a riesgo de fatigar, se reitera que dicha operación no tiene carácter indemnizatorio, sino que simple y llanamente corresponde a la recomposición del valor de la moneda, que sufre alteración por el paso del tiempo y la devaluación del dinero; en otras palabras, el importe a pagar con la corrección monetaria es el mismo valor intrínseco que tenían los daños sufridos por el asegurado para la época en que aquellos se causaron.
Luego, interpretar que la indexación pagada por la compañía de seguros al indemnizar parcialmente el daño disminuye la «suma asegurada» como si el mecanismo de actualización monetaria también fuera un daño indemnizable, amén de desconocer su naturaleza, conllevaría que la demora en el pago de la reparación o el tiempo transcurrido desde el siniestro, reduciría la cobertura real a favor del asegurado, quien vería su protección disminuida, no por la magnitud del perjuicio, sino por la inflación y el retardo en el cumplimiento de la aseguradora.
4.7. Por último, acorde con las mismos principios que se vienen destacando, importa precisar que no es viable jurídicamente acumular la indexación con otro mecanismo de ajuste monetario como, por ejemplo, el interés de mora al que alude el artículo 1080 del Código de Comercio, que incluye la actualización del dinero, según ha señalado esta Colegiatura (CSJ, SC514-2023), de ahí que la indexación adicional se excluye por generar un doble ajuste monetario que causaría un enriquecimiento indebido (art. 1080 C.Co.).
5. Análisis concreto de la acusación
5.1. De la operación matemática censurada.
El recurrente cuestionó al Tribunal no apreciar que el pago realizado en virtud de la orden impartida por la Contraloría General de la República con cargo al amparo de cumplimiento del contrato 69-2013 celebrado entre Financiera de Desarrollo Nacional y THX Energy Sucursal Colombia, dejó un remanente exiguo en la póliza CU066803, que resulta insuficiente para cubrir la condena contenida en la sentencia de segunda instancia.
Así que, con el fin de constatar la configuración de los yerros fácticos denunciados, la Sala ha debido proceder a la contrastación objetiva de los medios de prueba invocados en el cargo.
5.1.1. El límite de la póliza: las pruebas documentales consistentes en la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. CU066803 y sus modificaciones, en particular los certificados de modificación expedidos con ocasión de los Otrosí Nos. 3 y 4 al contrato 69-2013 celebrado entre Financiera de Desarrollo Nacional y THX Energy, acreditan que el valor asegurado para el amparo de cumplimiento de dicho convenio finalmente se fijó en $18.675'406.712,61.
5.1.2. El pago realizado en virtud de la decisión de responsabilidad fiscal: Si bien es cierto que la sociedad CONFIANZA S. A. desembolsó a favor de la Contraloría General de la República la suma de $19.240'100.661,47 para atender la condena impuesta en sede del juicio de responsabilidad fiscal, es preciso descomponer dicho pago para entender su incidencia en el valor asegurado bajo el amparo de cumplimiento, por lo que, con base en el fallo de responsabilidad fiscal obrante en el proceso, se concluye que los valores integrantes de la referida condena, en lo que interesa a este litigio, son los siguientes:
a) Daño fiscal derivado de la actividad de corazonamiento y registros de pozo: El daño derivado del incumplimiento contractual (930 núcleos o corazones no entregados y registros (eléctricos) de pozo no tomados) se tasó en la suma de $12.849'841.247,01.
2) Daño fiscal por anticipo no amortizado: Este rubro lo estimó la Contraloría en $1.696'793.825.
3) Indexación: El fallo fiscal ordenó expresamente la actualización del daño a la fecha de la sentencia (18 de noviembre de 2020), operación para la cual recurrió al Índice de Precios al Consumidor - IPC, lo que generó un valor adicional por indexación de $4.693'465.589,47; en consecuencia, la condena total ascendió a $19.240'100.661,47, que se indicó al inicio de este acápite.
5.1.3. El casacionista afirmó que la afectación de la póliza en cuanto al amparo de cumplimiento fue de $16.995'837.033,97. No obstante, se observa que este valor incluye la indexación calculada por el ente de control sobre el capital base de $12.849'841.247,01.
Luego, desatendió el recurrente que el componente de corrección monetaria no hace parte del valor asegurado por concepto de amparo de cumplimiento, pues como se precisó en líneas precedentes, no se trata de un perjuicio adicional o complementario, sino de la necesaria actualización de una suma de dinero como medida para contrarrestar la pérdida de valor adquisitivo de la moneda que es causada por la inflación.
En consecuencia, no procede sumar el monto de la indexación calculada por la Contraloría General de la República junto con el que corresponde al daño a indemnizar para, de ese modo, entender agotado totalmente el valor que se aseguró en la indicada cobertura contenida en la póliza CU066803, según su última modificación, pues se desatiende que la «suma asegurada» también debió ser objeto de actualización monetaria. Lo contrario no es fidelidad al contrato, sino alteración silenciosa de su economía.
5.2. La supuesta superación del límite de la suma asegurada
5.2.1. El planteamiento de la aseguradora CONFIANZA S. A. incurre en un error lógico y jurídico, el cual reside en realizar una sustracción enfrentando valores heterogéneos, esto es, de la cifra asegurada (cantidad nominal o histórica) pretende restar el importe pagado como indemnización (cantidad corregida monetariamente).
La operación expuesta en la censura se explica de la siguiente manera: del límite pactado por amparo de cumplimiento que corresponde a $18.675'406.712,61 -según modificación de 13 de abril de 2015- se sustrae el pago indexado que la aseguradora realizó a la Contraloría con cargo al amparo de cumplimiento del convenio 69-2013 en cuantía de $16.995'837.033,97, lo que arroja como resultado un remanente no afectado por dicho pago de $1.679'569.678,64.
El cálculo que antecede es equivocado, porque para determinar el agotamiento de la «suma asegurada» por amparo de cumplimiento, se deben cotejar guarismos que correspondan a la misma constante de tiempo, es decir, que ambas cifras sean nominales o que las dos sean traídas a valor presente o, incluso, podría actualizarse el límite asegurado para enfrentarlo con el monto indexado que pagó la compañía aseguradora, siendo ambas opciones válidas.
5.2.2. Lo ponencia derrotada propuso abordar el cometido con la primera alternativa, esto es, para establecer el remanente de cobertura en el mencionado amparo, se tomó el importe nominal o histórico del perjuicio pagado y a este se le restó la cantidad nominal o histórica contratada como suma asegurada.
En ese orden, de la cifra asegurada por amparo de cumplimiento, esto es, a $18.675'406.712,61 se le resta el monto de la indemnización pagada por Confianza S. A. en relación con esa misma cobertura, pero sin el componente de indexación, es decir, $12.849'841.247,01, operación que arroja, como resultado o remanente aún disponible de la «suma asegurada» nominal, la cantidad de $5.825.565.465,60.
5.2.3. Ahora bien, sostuvo esta disidencia que no viable modificar la clase de interés ordenado por el Tribunal sobre la suma de $2.866.818.953,19 correspondiente a los perjuicios generados por el incumplimiento de THX Energy Sucursal Colombia, ni el momento a partir del cual dispuso su reconocimiento, como tampoco el hito inicial que la Contraloría General de la República tomó para actualizar la mencionada cifra.
La primera porque fue el resultado de la reforma de la demanda, de ahí que el Tribunal concluyera la improcedencia del reconocimiento de réditos moratorios, y las otras dos porque no hicieron parte del ataque contenido en el único cargo planteado en casación por la parte demandada.
5.3. El error de hecho no fue acreditado.
5.3.1. Como resultado del análisis de la acusación, emana para esta posición disidente que si el iudex plural le ordenó a CONFIANZA S. A. pagar la suma de $2.866.818.953,19 por un perjuicio que no se contempló en la indemnización ordenada por la Contraloría General de la República, el cual corresponde al incumplimiento contractual de THX Energy Sucursal Colombia consistente en la no obtención de «estudios bioestratigráficos», del contraste del fallo de responsabilidad fiscal con el remanente nominal del importe asegurado en lo que respecta al amparo de cumplimiento ($5.825.565.465,60), surge evidente que la referida condena no supera la «suma asegurada».
Así las cosas, en criterio de la ponencia inicial, no se configuraron los yerros fácticos denunciados por el casacionista, pues el Tribunal no desconoció la limitación emanada del contrato de seguro y de sus modificaciones en relación con la «suma asegurada» por amparo de cumplimiento, ni tampoco cercenó las pruebas del pago realizado por la asegurada con cargo a la póliza y que tuvo como fin el de acatar el veredicto de responsabilidad fiscal, proceso en que fue vinculada como tercero civilmente responsable.
Contrario sensu, se estimó que la acusación del parte de una premisa equivocada: asumir que la corrección monetaria afectaba la cobertura de la póliza y, por ende, esta devenía insuficiente de cara al monto cuyo pago ordenó el ad quem en este juicio.
5.3.2. Acoger la tesis del impugnante, tal y como la mayoría dispuso, conlleva a quebrantar el principio de indemnización integral al permitir que la compañía de seguros obtenga beneficio de la inflación para así reducir su responsabilidad frente a un incumplimiento distinto de aquellos indemnizados -en este caso, la no obtención de estudios bioestratigráficos- que también se hallaba amparado en la póliza y cuyo valor sumado al de la condena impuesta en el fallo de responsabilidad fiscal sin indexación ($12.849'841.247,01 + $2.866'818.953,19 = $15.716.660.200,2) es inferior a la suma asegurada en el amparo de cumplimiento ($18.675'406.712,61).
Nótese que el Tribunal condenó a la convocada por un rubro no pagado anteriormente, laborío en el cual respetó los topes de la póliza de seguro respecto del valor asegurado en el indicado amparo. El pago de la indexación en el proceso de responsabilidad fiscal obedeció a la actualización del dinero en el tiempo, un riesgo financiero que no puede trasladarse a la beneficiaria del seguro para mermar su cobertura sobre otros daños.
Por ello, los empeños de la impugnante dirigidos a lograr el quiebre de la providencia atacada debieron resultar vanos, pues la justa apreciación de la acusación conduce a su fracaso y a la necesidad de sentar un precedente jurisprudencial claro y contundente sobre la necesidad de considerar, para todas las relaciones del contrato de seguro a la actualización monetaria en su exacta y justiciera medida.
6. La actualización monetaria no es materia prescindible
6.1. Dada la eventual apariencia de discordancia entre el fallo de adoptó la mayoría frente al alcance y contenido de las razones que sustentaron la ponencia derrotada -y hoy soportan el salvamento-, me veo en la necesidad de destacar que la postura que se impuso frente a la ponencia inicial defendía el carácter nominal de la «suma asegurada» de forma contraria a la naturaleza del contrato de seguro, la generalidad de la actualización monetaria en la responsabilidad civil y el innegable influjo de la consolidada jurisprudencia favorable a la aseguradora subrogataria, tal y como se ha expuesto con suficiencia en este salvamento.
No obstante, la versión de la sentencia que finalmente fue aprobada optó por distanciarse de la discusión sobre la actualización de la suma asegurada -que también ha tenido ocasión en sede de acción de tutela (STC7688-2026)-, lo cual estimo un desacierto jurídico y matemático.
Al acoger in integrum la postura del recurrente y dar por demostrado que el pago de $16.995.837.033,97 consumió en esa misma cuantía el amparo de cumplimiento, pese a que consta discriminado que solo $12.849.841.247,01 corresponden al daño histórico y que el excedente de $4.693.465.589,47 obedece exclusivamente a su actualización monetaria, se tergiversa el contenido objetivo de la prueba relacionada al atribuirle a la indexación la condición fáctica de perjuicio adicional, cuando la documentación revela que se trata de la expresión actual del mismo capital.
Este error es novel y adicional razón para separarme, dada su evidencia y trascendencia, porque conduce a sustraer de la suma asegurada histórica un pago expresado parcialmente a valores actualizados, esto es, a confrontar magnitudes heterogéneas.
6.2. En este caso es ineludible abordar la indexación porque la prosperidad del cargo depende de establecer si la póliza se agotó y para ello debe definirse qué incidencia tuvo la corrección monetaria pagada en el proceso de responsabilidad fiscal sobre la suma asegurada.
La aseguradora sostiene que del límite nominal del amparo ($18.675.406.712,61) debe descontarse el pago de $16.995.837.033,97, cifra que incluye $4.693.465.589,47 por indexación. Esa operación conduce a un remanente de apenas $1.679.569.678,64 y sustentaría que la nueva condena excede la cobertura. Sin embargo, como se dijo, el cálculo enfrenta magnitudes heterogéneas: una suma asegurada expresada a valores históricos y una indemnización parcialmente actualizada.
En términos matemáticos, la validez de una sustracción exige que minuendo y sustraendo estén expresados en la misma unidad de medida y correspondan a una misma fecha de valoración. En consecuencia, no es admisible restar de la suma asegurada histórica de $18.675.406.712,61 un pago actualizado de $16.995.837.033,97; tal cual se planteó en la ponencia inicial y actual disidencia, deben compararse valores homogéneos: o bien se actualizan ambas cantidades, o bien se excluye del pago la indexación y se descuenta únicamente el capital histórico de $12.849.841.247,01, caso en el cual el remanente nominal asciende a $5.825.565.465,60.
Por tanto, para decidir si hubo error del Tribunal, la Sala necesariamente debe resolver si la indexación: (i) constituye un perjuicio adicional que consume la cobertura, o es únicamente la expresión actual del mismo capital; (ii) puede descontarse de una suma asegurada mantenida en términos nominales; (iii) obliga a comparar ambas cifras en una misma constante temporal, bien excluyendo la actualización del pago anterior, bien actualizando también el límite asegurado; y (iv) es compatible con los artículos 1079, 1088 y 1089 del Código de Comercio, el principio indemnizatorio, la reparación integral y la plenitud del pago.
La cuestión no es prescindible o accesoria, en tanto que, si la indexación se imputa como daño adicional, el remanente sería insuficiente; si se reconoce como mera recomposición del poder adquisitivo, el pago histórico imputable a la cobertura es $12.849.841.247,01, queda un saldo nominal de $5.825.565.465,60 y la condena de $2.866.818.953,19 no supera la suma asegurada.
En suma, la naturaleza y el tratamiento de la indexación constituyen la premisa jurídica y matemática necesaria para resolver el cargo: omitirlos equivaldría a decidir el agotamiento de la póliza mediante la comparación de valores no equivalentes.
6.3. Resolver la controversia al margen de la actualización monetaria, supone per se y de forma indirecta vincularse a la premisa del recurrente que absolutiza para este específico escenario del contrato de seguro la perspectiva nominalista, derivando en una calificación que atribuye a la indexación implicada en estos hechos la condición de daño adicional que no tiene fundamento jurídico.
Matemáticamente, comporta sustraer magnitudes expresadas en distintas constantes monetarias; por tanto, la conclusión sobre el agotamiento de la póliza queda edificada sobre una premisa conceptual equivocada y una operación aritméticamente incorrecta.
La indexación no constituye un perjuicio autónomo ni incrementa objetivamente la obligación indemnizatoria; únicamente conserva el poder adquisitivo del capital. Por ello, una postura que pretenda establecer el agotamiento de la suma asegurada sin definir el tratamiento de la corrección monetaria -o que la impute como un daño adicional- desconoce su naturaleza restaurativa, el principio de plenitud del pago y la exigencia de que el límite contractual opere sobre valores económicamente equivalentes.
De haberse apreciado integralmente la prueba, se habría advertido que la afectación nominal de la cobertura ascendió únicamente a $12.849.841.247,01, de modo que subsistía un remanente de $5.825.565.465,60, suficiente para cubrir la condena de $2.866.818.953,19.
En consecuencia, la conclusión sobre el agotamiento de la póliza expuesta por la mayoría no proviene de lo que objetivamente acreditan los medios de convicción, sino de su lectura contraevidente, al confundir el capital indemnizado con el mecanismo empleado para conservar su poder adquisitivo.
7. Conclusión
En definitiva, la discrepancia radica en que la decisión mayoritaria tuvo por agotada la cobertura mediante una lectura contraevidente del fallo de responsabilidad fiscal: imputó al amparo el pago indexado de $16.995.837.033,97, aunque la prueba distingue que solo $12.849.841.247,01 corresponden al daño histórico y que $4.693.465.589,47 representan la mera actualización de ese capital.
Al sustraer una indemnización parcialmente actualizada de una suma asegurada nominal, la mayoría comparó magnitudes heterogéneas y configuró un error de hecho trascendente, pues, apreciada integralmente la prueba y confrontados valores homogéneos, subsistía un remanente de $5.825.565.465,60, suficiente para cubrir la condena de $2.866.818.953,19; por ello, el cargo debió desestimarse y mantenerse incólume la sentencia impugnada.
La fidelidad al contrato no consiste en preservar una cifra nominal envilecida, sino en respetar el valor real de la cobertura pactada; de otro modo, la inflación termina convertida, indebidamente, en fuente de liberación para el asegurador.
En los anteriores términos dejo expuesto el salvamento de voto con reiteración de respeto por la Honorable Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.
Fecha ut supra.
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado